El Ministerio de Relaciones Laborales (MRL), a través de un acuerdo, fijó el salario mensual de los legisladores en $ 6.000 y este fue aceptado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Con esto se esperaba que ayer, el Ministerio de Finanzas transfiera los recursos para el pago de la segunda quincena de abril a los asambleístas, que esta pendiente desde el 1 de mayo.

En una reunión realizada al mediodía de ayer, los integrantes del CAL aprobaron una nueva resolución en la que aceptaron el planteamiento del MRL, que ya tenía el aval del Ministerio de Finanzas, pero defendieron su autonomía para fijar los sueldos de los miembros de la Asamblea Nacional.

Según el artículo 2 de este texto, se estableció que la remuneración de los legisladores será sobre la base del valor equivalente al sueldo del 2011, actualizado al 2012, con la inflación del año pasado.

Publicidad

Pese a que según los cálculos de la Asamblea el salario debió ser de $ 6.008, aceptaron el monto fijado en el acuerdo ministerial, suscrito por el ministro Francisco Vacas.

La presión de asambleístas que reclamaron el pago de sus sueldos y el peligro de que la Asamblea caiga en mora patronal ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social obligó al CAL a buscar una salida.

Según el legislador e integrante del CAL, Francisco Ulloa (MPD), a pesar de que el monto establecido fue fijado por la Secretaría de Estado, la resolución aprobada ayer ratificó la autonomía de la Asamblea en fijar de manera independiente las remuneraciones de los servidores legislativos, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Precisó que el espíritu del acuerdo del MRL no fue aceptado porque está claro que esa dependencia no tiene la facultad de determinar los sueldos en el Parlamento.

El retraso en el pago de los sueldos profundizó las diferencias entre funcionarios del régimen y los legisladores de oposición e incluso oficialistas.

Esta tesis se evidenció en la propia resolución del CAL que tuvo el apoyo del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP), el vicepresidente Juan Carlos Cassinelli (AP), el vocal Pedro de la Cruz (AP-PSE) y de Fausto Cobo (PSP), Marco Murillo (AL) y Ulloa.

Publicidad

En AP a diferencia de otros temas, en este sí hubo coincidencias. Además se juntaron las críticas a la actuación del exministro de Relaciones Laborales y actual ministro coordinador de Desarrollo Social, Richard Espinosa.

Este último, el 1 de marzo, el mismo día en que entró en vigencia la Ley Interpretativa de Servicio Público, mediante un acuerdo ministerial dispuso el tope salarial de los funcionarios de la Asamblea, incluidos los legisladores que fue de $ 5.700.

La asambleísta María Alejandra Vicuña (AP) insistió en que el CAL, como máxima instancia administrativa y no el MRL, es el que debe definir los sueldos al interior de la legislatura.

El coordinador de bloque, Ángel Vilema, señaló que la solución del problema siempre fue que entre Ejecutivo y Legislativo establezcan un rango específico para los asambleístas, independientemente de lo que perciban los ministros y los subsecretarios, sin comparación.

Para el asambleísta Andrés Páez (ID), el problema de los salarios ocurre al interior del oficialismo porque el presidente Rafael Correa quiere desprestigiar a la Asamblea.

Páez preguntó en qué parte del mundo los designados están por encima de los elegidos y rechazó que sea el Gobierno a través de sus ministros los que decidan cuánto y cuándo se paga el salario a los legisladores, como si les hicieran un favor.

Ulloa puntualizó que los representantes de la voluntad popular tienen más legitimidad que funcionarios nombrados “a dedo” y que la investigación debe enfocarse en investigar el aumento del gasto en todos los ministerios.

Textuales: Asambleístas
Andrés Páez
ID
“Yo espero que estos ministros de Estado, que son puestos a dedo, sean candidatos para ver cuántos votos tienen”.

Abdalá Bucaram Pulley
PRE
“Es inadmisible que dignatarios como somos los asambleístas estemos sometidos a los chantajes de los ministros”.

María Alejandra Vicuña
AP
“Luego del presidente de la República, en el siguiente rango deben estar los legisladores y los ministros”.