El presidente Rafael Correa evidenció sus cuestionamientos al trabajo que realiza la Asamblea Nacional, golpeándola por partida doble.

En primer lugar, vetó totalmente las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que fueron debatidas por más de un año; y, además, remitió una carta al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP), en la que cuestiona en duros términos la aprobación de exhortos.

La razón para su objeción, según consta en el documento enviado a la Asamblea, es que las reformas no son convenientes porque retrasarían la labor legislativa y provocarían ingobernabilidad interna.

Sostiene como puntos negativos que el legislador ponente de un proyecto no pueda hacer cambios antes del segundo debate de una norma.

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Correa advierte, entre otras cosas, la inconveniencia de que los cambios al orden del día en la Asamblea sean con mayoría simple y que el enjuiciamiento político a cualquier funcionario sea para perjudicar la gestión de las entidades públicas.

Sobre la consulta prelegislativa, que la Asamblea aprobó por consenso, Correa asegura que no es necesaria esta reforma porque en la sentencia de la Corte Constitucional del 2010 ya se establecen las reglas para este procedimiento, que es requisito indispensable para la aprobación de leyes que afectan a los derechos colectivos.

La objeción presidencial se produce luego de que el primer mandatario ganó hace una semanas una demanda de inconstitucionalidad presentada en la Corte Constitucional contra una disposición que le impedía objetar la LOFL.

Esta resolución fue recibida por sorpresa por los legisladores oficialistas, quienes ayer tenían previsto reunirse para tratar este tema.

El asambleísta Virgilio Hernández (AP) aseguró que eso demuestra el desconocimiento de algunos funcionarios del Ejecutivo al trabajo de la Asamblea. Mientras que para su coidearia Marllely Vázconez, el jefe de Estado está facultado para vetar totalmente el proyecto y señaló que no es ninguna interferencia en la Función Legislativa.

Enrique Herrería (antes de MG) comentó que la decisión presidencial, pese a ser constitucional, refleja el interés del Ejecutivo para impedir la fiscalización legislativa a los actos de corrupción cometidos por varios funcionarios del régimen.

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En tanto, en una misiva de dos páginas enviada el pasado 9 de abril, Correa llamó la atención a Cordero por dar paso a la aprobación de exhortos en los que se ha solicitado la declaratoria de emergencias en varias zonas del país o se ha exigido el pago de indemnizaciones a exservidores públicos.

Para el presidente, esto es una “grosera interferencia” a la Función Ejecutiva, que son pedidos inconstitucionales y que el régimen no está obligado a obedecerlos.

“Yo quisiera imaginar, señor presidente, cuál fuera la reacción de la Función Legislativa, si en mi calidad de jefe de la Función Ejecutiva yo emitiera decretos “exhortando” a la Asamblea a que trabaje más; a que no pierda en discusiones baladíes, a que tenga menos asesores; o a que expidan resoluciones que por su deficiente formulación semántica han generado en los ciudadanos grandes sonrisas y luego una vergüenza ajena terrible; o a que sus miembros no viajen tanto...”, dice parte del texto.

El mandatario indicó que dichos exhortos “reflejan la crisis por la que está pasando el parlamentarismo, que no ha superado la época de asambleas populares con las cuales se derrocaron monarquías...”.