En el 2011 las Fuerzas Armadas desplegaron la mayor parte de su potencial militar al control de la frontera con Colombia: 11 operaciones de defensa denominadas Tormenta, 460 acciones tácticas, participación de 38.281 uniformados, el 90% aproximadamente del personal activo.
Al presentar el informe de gestión institucional, la semana pasada, el jefe del Comando Conjunto, Ernesto González, ratificó que las amenazas a la seguridad interna del Estado “se han incrementado de manera vertiginosa” en el último año por la influencia de los Grupos Irregulares Armados de Colombia (GIAC) y las actividades ilícitas como el narcotráfico, tráfico de armas, municiones, entre otras.
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En las once operaciones militares ejecutadas se utilizaron 3.481 soldados ecuatorianos en cada una, se descubrieron 3 campamentos y 43 refugios ilegales de los GIAC en territorio nacional, se registraron 4 enfrentamientos armados en los que murieron 25 rebeldes del vecino país, según el informe de Responsabilidad Institucional del Ejército.
“No se pueden desconocer los efectos del conflicto interno de Colombia por el accionar de los GIAC en el límite fronterizo...”, expresó González el pasado jueves en su último discurso como máxima autoridad militar.
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En los informes del Comando Conjunto y del Ejército no consta el número de bajas ecuatorianas que también se registraron en los enfrentamientos. Por ejemplo, el fallecimiento del cabo del Ejército Fabián Chango Santo durante un patrullaje fluvial en la intersección de los ríos Putumayo y San Miguel, en Sucumbíos, el 16 de noviembre del 2011, que originó serios cuestionamientos del Gobierno respecto de la seguridad de los soldados.
El presidente Rafael Correa criticó a los jefes militares por la falta de protección del personal en las operaciones. “Cuando una lancha o patrulla militar nuestra se acerca a una embarcación sospechosa, tienen que estar listos los soldados con sus armas, tienen que estar con chaleco, tal vez se descuidaron”, dijo el 19 de noviembre.
Semanas después, el ministro de Defensa, Javier Ponce, consideró que la muerte del uniformado fue por la falta de protección y que erraron los militares responsables en la frontera al no tener esa previsión para su personal.