En la Corte Constitucional (CC) reposan los pedidos de interpretación y aclaración constitucional sobre la fiscalización a los secretarios nacionales jurídico, de la Administración Pública y de Comunicación.
La reforma al Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (Erjafe), realizada mediante el Decreto Ejecutivo que se publicó en el Registro Oficial del 30 de octubre del 2009, exoneró a los titulares de esas tres secretarías a someterse a un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional, pese a que tienen rango de ministro.
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El tema surgió a la palestra pública cuando los legisladores de oposición Galo Lara (SP) y Abdalá Bucaram Pulley (PRE) solicitaron la interpelación del secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, y del secretario jurídico, Alexis Mera.
Debido al decreto, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) no calificó los pedidos de los asambleístas.
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El antecedente motivó que el pleno del Parlamento aprobara hace un año, el 18 de febrero del 2011, un pedido para que la CC determine qué funcionarios son sujetos de juicio político. Lo hizo con 60 votos de apoyo.
A esta solicitud se sumó la acción del asambleísta César Montúfar (CND), quien pidió una aclaración del artículo 131 de la Constitución para que establezca la facultad de la Asamblea de fiscalizar y enjuiciar políticamente a estos tres secretarios nacionales.
Entre los argumentos expuestos por Montúfar es que si ello no ocurre “se incurriría en la situación de que sea directamente el presidente de la República quien debe responder por las responsabilidades de dichos funcionarios”.
Ambos procesos no tienen respuesta en la Corte.
Montúfar asegura que nunca tuvo siquiera la notificación de recibido en la CC, ni tampoco un escrito informando si la acción fue admitida o ya fue conocida.
La secretaría de la Asamblea tampoco tuvo respuesta.
Por tanto, hasta ahora, los tres secretarios señalados no pueden ser enjuiciados.