QUITO
.- Los miembros de la Marina que participaron en la administración de Petroecuador entre el 28 de noviembre del 2007 y el 30 de julio del 2010, y cuya labor está siendo analizada a través de un examen especial en la Contraloría, cuentan con una defensa externa que le costará al Estado $ 630.000.

Estos marinos salieron de la institución y están siendo auditados por haber recibido liquidaciones supuestamente excesivas. Al mismo tiempo, enfrentan juicios laborales instaurados en su contra por trabajadores de Petroecuador, quienes, durante la gestión de la Marina en la estatal, fueron despedidos de manera intempestiva.

Según varias resoluciones y oficios del Ministerio de Defensa, en mayo del 2011 se contrató al estudio jurídico Neidl & Asociados para que asuma dicha defensa. El contrato tiene una vigencia de cuatro años.

La Contraloría ha pedido oficialmente al Ministerio que ordene que al menos 179 marinos -a quienes se les está haciendo el examen especial por liquidaciones y reliquidaciones de haberes- se presenten para que reciban los resultados provisionales del informe. Sin embargo, algunos se han negado. Por ejemplo, el contralmirante Luis Jaramillo, de acuerdo a un oficio de la Contraloría, dijo estar bien asesorado y, a la vez, contrariado con el organismo.

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En la resolución 007 CGAJ, firmada por el ministro de Defensa, Javier Ponce, de mayo del 2011, se precisa la necesidad de contratación de la firma externa. Allí se indica que el número de procesos que enfrentaba a esa fecha el personal de la Marina sobrepasaba los 170 solo en la instancia judicial, "teniendo altas cuantías que con facilidad superan un millón de dólares".

De acuerdo con los documentos de este caso, Santiago Medranda Jordán, asesor de la Coordinación General de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, argumentó que la contratación del estudio jurídico se debe a la falta de profesionales de planta capacitados en asuntos procesales litigiosos, por lo que, tras analizar varias ofertas, se decidió invitar a Neidl & Asociados Cía. Ltda.

Sobre el tema, Fernando Villavicencio, exsindicalista de Petroecuador y asesor del legislador Cléver Jiménez, rechazó que esta defensa sea pagada con dinero del Estado.

"La Marina actuó al margen de la ley, procediendo con el pago de indemnizaciones ilegales y con despidos intempestivos a trabajadores de Petroecuador sin garantizar el debido proceso... Ahora, que los trabajadores están ganando los juicios y llevando procesos a nivel internacional buscan defender sus acciones ilegales y con recursos públicos", señaló Villavicencio y agregó que debería extenderse la auditoría al ministro Javier Ponce.

Intervención

El 18 de septiembre del 2009 el vicepresidente Lenin Moreno decretó la intervención de la Fuerza Naval en Petroecuador para superar sus problemas de gestión. El presidente Rafael Correa renovó su participación en la gestión de Petroecuador en octubre y diciembre de ese mismo año.

Producción

En marzo del 2010, la Marina salió de Petroecuador pero anunció que logró una recuperación de la producción de 162.000 barriles diarios a 183.000.