La falta de acuerdo en dos de las 22 comisiones sectoriales impulsó también al Ministerio de Relaciones Laborales a fijar el incremento en esas áreas. En una de ellas, Actividades Comunitarias –en la que se encuentran los periodistas–, dispuso un porcentaje de aumento del 39,72%, lo que casi cuadruplica la cifra de alza aplicada al salario mínimo vital (10,6%).
Por no lograr un consenso “es facultad legal de este ministerio poder determinarlo (el salario)” en esas áreas, que son: transporte y logística y actividades comunitarias, dijo ayer el ministro Richard Espinosa, en conferencia de prensa.
En el primer caso, en donde el salario vigente hasta el 31 de diciembre era de $ 440 y $ 438, pasó a $ 456 y $ 451. La decisión fue incrementar en 3,5% y 3%, respectivamente.
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Mientras la otra comisión, donde están los periodistas, tras un estudio, dijo Espinosa, se determinó que los salarios mínimos vigentes han estado “prácticamente congelados y extremadamente bajos desde hace mucho tiempo”. Y prosiguió: “Ahí sabemos que los mínimos sectoriales para el 2011 estuvieron ubicados en, según la categoría, 286,29 dólares para la C2, $ 286,32 para la C1, $ 345,31 para la B3, $ 380,83 para la B2 y $ 451,75 para la B”, detalló, al tiempo de mencionar que “esto evidentemente no podía seguir”.
Así pasará a $ 400 en la estructura más baja y a $ 631,19 en la más alta. “Esto marca un antes y un después”, refirió.
Roberto Manciati, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), dijo que pese a estar de acuerdo con el incremento sí preocupa y llama la atención. Agregó que el ministerio debió analizar si los medios privados han tenido la posibilidad de aumentar los ingresos. Por esas consideraciones, indicó, se corre el riesgo de prescindir de periodistas.
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Vilma Albarracín, vocal del directorio de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), comentó que pese a que para el gremio de periodistas es bueno un incremento se trata de una alza muy elevada, no porque no se lo merezca, sino porque denota deseo de molestar al sector de los medios sobre el cual el presidente Rafael Correa “ha demostrado estar en contra”.