La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) las 2.700 renuncias obligatorias a los trabajadores públicos.
Esta decisión la adoptó la Comisión ante la negativa del régimen de explicar al ente parlamentario los fundamentos legales de esta decisión y por la falta de un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) sobre la legalidad del decreto ejecutivo, mediante el cual el régimen despidió a los servidores públicos.
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El asambleísta Marco Murillo (ind.) informó que paralelamente a la denuncia remitida a la OIT, también la Comisión envió una carta a la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, para informar de la medida del Gobierno.