Encadenado en la puerta del aeropuerto Reales Tamarindos. Así se hallaba ayer Sacho Correa, expresidente de la Junta Cívica de Portoviejo, como una manera de llamar la atención de las autoridades del país y así evitar el cierre de esa terminal aérea, tal como lo dejó entrever el presidente Rafael Correa en su reciente enlace sabatino.

Para el mandatario, no es factible la operación del aeropuerto si existe otro a unos 30 kilómetros. “Es falso que sin aeropuerto se retrasa la ciudad (Portoviejo). Por favor, teniendo un aeropuerto a 30 minutos (el Eloy Alfaro, de Manta). Se retrasa la ciudad al no aprovechar óptimamente esos terrenos”, dijo Correa, el sábado pasado.

Sacho Correa replicó durante su encadenamiento. “Este aeropuerto es operativo y creemos que sí debe mantenerse porque forma parte del desarrollo de Portoviejo (…) Ya no se puede desmembrar más a esta ciudad, hay que fortalecerla”.

Junto a Correa, Susana Delgado, presidenta de la Junta Cívica de la parroquia San Pablo, también aprisionó sus brazos y pies con cadenas.

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La protesta empezó a las 07:00. Fue apoyada por unos 20 dirigentes barriales de Portoviejo y cesó casi a las 13:00.

Más tarde, Correa anunció que mañana a las 20:00 se realizará la denominada Marcha de las antorchas, en la que la población de Portoviejo prevé insistir en que continúen las operaciones del aeropuerto Reales Tamarindos.

No descartó reanudar su encadenamiento y empezar una huelga de hambre.

En tanto, la postura del presidente Correa generó la reacción de la Cámara de Comercio local. Alba González, presidenta del organismo, dijo que solicitaron a la Dirección de Aviación Civil la delegación de la administración del aeropuerto Reales Tamarindos, amparados en el artículo 100 del Código de la Producción que establece que en caso de que el Ejecutivo no pueda administrar una dependencia estatal, un sector productivo podría solicitar la delegación de aquel servicio.

Según González, se busca frenar la intención del régimen de reemplazar a la terminal aérea por obras de infraestructura como un parque metropolitano o la nueva terminal terrestre, como lo planteó el mandatario.

La aerolínea Aerogal fue la última operadora en prestar servicios comerciales en el aeropuerto Reales Tamarindos. En agosto pasado dejó la ruta Quito-Portoviejo-Quito.

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De enero de 1990 hasta ese mes, 269.212 pasajeros fueron usuarios de la terminal, que dispone de una pista de 2,4 kilómetros de longitud y puede soportar aviones como un Boeing 727-200. Sin embargo, carece de un sistema de radioayuda.

Jorge Luis Guillem, expresidente de la Cámara de Comercio de Portoviejo (CCP), indicó que entre julio del 2010 y agosto pasado se programaron 732 vuelos, pero sostuvo que el 25% no se cumplió por problemas climáticos.

Precisamente, un sistema de radioayuda permite a los controladores aéreos colaborar con los pilotos en esas situaciones.

“Pese a que se incumplió en algunos vuelos, las cifras indican que sí fue rentable para Aerogal, pues el 80% de los pasajes de cada vuelo fue vendido”, sostuvo Guillem.

La última readecuación de la infraestructura del aeropuerto Reales Tamarindos se dio en el 2010 y demandó una inversión cercana al $ 1,7 millones.

En más de 70 años de operaciones no se ha suscitado un accidente aéreo. Ante incendios, hay un tanque con capacidad para 1.000 galones de agua.

¿Qué pasará con el aeropuerto portovejense? Los concejales Ana Pilay (MPD) y Raúl Menéndez (PAIS) consideraron que se debe consultar al pueblo portovejense si está o no de acuerdo con el cierre de la terminal aérea de la urbe.

Propuesta de consulta
Menéndez indicó que el pueblo de Portoviejo debe pronunciarse “siempre y cuando sea informado sobre informes técnicos que demuestren la eficiencia o no” del aeropuerto.

“Vamos a una consulta popular y si el pueblo de Portoviejo decide que el aeropuerto se quede, vamos a luchar a muerte por su permanencia; de lo contrario, si el pueblo de Portoviejo piensa que necesita en esa ubicación permitir el desarrollo arquitectónico de Portoviejo, será así”, manifestó.