De ilegal y manipulada calificó el gobernador del Azuay, Humberto Cordero, a la consulta popular comunitaria en la que 1.037 personas, de 1.500 registradas con derecho al servicio de agua del Sistema Comunitario de Tarqui y Victoria del Portete, dijeron No a la actividad minera en el cerro Quimsacocha, al suroeste de Azuay.
“Los resultados no tienen validez porque sobre el tema minero no le compete a Carlos Pérez Guartambel (presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay) hacer una consulta manipulada y con una pregunta dirigida, con observadores internacionales desconocidos por el Estado ecuatoriano”, dijo Cordero, quien señaló que la acción debió contar con el aval del Consejo Nacional Electoral.
Publicidad
Cordero también cuestionó que el proceso electoral solo se planteó a los beneficiarios del agua y no a los 17 mil habitantes de las dos parroquias.
Pero Carlos Pérez Guartambel insistió en que lo permiten la Constitución y el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Publicidad
“Los resultados se entregarán al Consejo de Cuenca, gobierno provincial del Azuay, Ministerios de Recursos No Renovables y de Ambiente, en el país; a nivel internacional, a la OIT y la ONU”, dijo el dirigente. “Si no nos reciben o desconocen los resultados, presentaremos un juicio internacional”, afirmó.
Mientras, Juan Pablo Butiñá, subsecretario de Minas Centro Sur Zona 6, señaló que pese al resultado, el proceso de concesiones mineras continuará en el cerro Quimsacocha.