AGENCIAS
BOGOTÁ.- El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró ayer que iría él mismo a prisión antes que permitir el arresto de seis altos oficiales implicados en el ataque militar al campamento clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Angostura (Sucumbíos), en marzo del 2008, en el que murieron 25 personas.

La Corte de Garantías Penales de Sucumbíos dictó el jueves las órdenes de captura, luego de que los oficiales no acudieran a una audiencia de juzgamiento el pasado 5 de septiembre. Entre ellos se encuentra el actual director de la Policía colombiana, Óscar Naranjo.

Una de las primeras reacciones frente a la decisión judicial fue la del vicepresidente, Angelino Garzón, quien tildó a este caso como "un absurdo".

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Luego, el presidente Santos señaló: "Primero me voy yo a la cárcel que ellos".

Insistió en que todos los comandantes que participaron en la denominada Operación Fénix "pueden estar absolutamente tranquilos".

Durante una ceremonia militar en Bogotá, enfatizó en que "nosotros no reconocemos esa jurisdicción (se refiere a la ecuatoriana)", y recalcó que la Operación Fénix fue una acción de Estado. "Eso lo hemos dicho muchas veces y seguiremos insistiendo en esa tesis", manifestó.

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El mandatario colombiano, al momento de la incursión que provocó un incidente diplomático y el actual proceso judicial, se desempeñaba como ministro de Defensa.

En declaraciones telefónicas a la AP en Ecuador, el abogado Wálter Lombeida, defensor de oficio de los colombianos sindicados, explicó que es una orden de captura que busca que los implicados se presenten a la audiencia de juzgamiento y que es válida solamente en Ecuador.

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Aseguró que ni los seis implicados, ni integrantes de la misión diplomática o gobierno colombiano se han puesto en contacto con él y que seguirá con su trabajo a cargo de la defensa de oficio.

Además de Naranjo, las órdenes de captura pesan sobre los generales retirados Freddy Padilla De León (excomandante de las Fuerzas Militares), Mario Montoya (excomandante del Ejército), Guillermo Barrera (excomandante de la Armada) y Jorge Ballesteros (excomandante de la Fuerza Aérea) y el coronel Camilo Álvarez.

Juan Manuel Santos indicó también que el gobierno colombiano seguirá defendiendo "la inmunidad del presidente (Álvaro) Uribe", quien gobernó entre el 2002 y 2010.

Una fuente de la Fiscalía ecuatoriana, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hablar con la prensa, aclaró que cuando se gira la orden no se aplican los convenios y tratados internacionales que permitirían capturar a alguien.

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"Solo se les podría detener al momento en que ellos ingresen al país", señaló.

Colombia siempre ha desconocido este proceso judicial. El caso se originó en marzo del 2008 a raíz de la incursión de un grupo de militares colombianos a suelo ecuatoriano para atacar al campamento de las FARC.

En la acción murieron Raúl Reyes y otras 23 personas, entre ellas, cuatro mexicanos y un ecuatoriano.