QUITO
.- El Estado ecuatoriano podría enfrentar sentencias adversas en cuatro casos similares, entre los que se incluyen la destitución de los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Tribunal Constitucional (TC), ocurrido a finales del 2004, en cuyos procesos la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respectivamente, disponen la restitución de los jueces en sus cargos o firmar un acuerdo de carácter económico.