El amigo del presidente en la Fiscalía

No tuvo necesidad de viajar. El Consulado en Madrid le recibió la carpeta el 3 de febrero y, aunque en ese momento ya se desempeñaba como embajador de Ecuador en España como parte de la cuota política del Gobierno y no por carrera diplomática, la Comisión de Selección aceptó su participación. Según sus integrantes, no existía ningún pronunciamiento de la Contraloría sobre un conflicto de intereses con el Estado.

Galo Chiriboga Zambrano empezó así su carrera para ocupar uno de los cargos con mayor poder en la estructura administrativa del país. Y el viernes, cinco meses después de un proceso cargado de denuncias de presunto favoritismo y calificado como un “festín de puntos”, el amigo, exabogado personal, exministro y hasta pariente del presidente Rafael Correa lo consiguió. Fue designado fiscal general del Estado.

Ese día, el Consejo de Participación Ciudadana conoció el informe final de la Comisión de Selección, con integrantes afines al oficialismo o con antecedentes en él, que mantuvo a Chiriboga a la cabeza de los mejor calificados. Se posesionará este martes para un periodo de seis años, en el que, además de dirigir la política penal, tendrá la potestad para enjuiciar, o no, a funcionarios de las 17 más altas dignidades, incluido el presidente de la República, ministros, asambleístas y magistrados.

El cargo vendrá acompañado de la “herencia” que le deja Washington Pesántez: las investigaciones penales que involucran a más de 20 funcionarios y exfuncionarios del actual Gobierno, entre ellos Correa, y, paradójicamente, el propio Chiriboga.

Correa tiene dos procesos penales en su contra, sobre los que la Fiscalía deberá decidir si pasan o no a la etapa de juicio. El primero, por los contratos que su hermano Fabricio suscribió con el Estado. El segundo (que también involucra a Chiriboga y a 18 funcionarios, por ejemplo, Alexis Mera y Vinicio Alvarado), por denuncias de colectivos indígenas por un presunto genocidio a causa de acciones en materia petrolera en la Amazonía.

Pero Chiriboga ya adelantó, en una entrevista con Teleamazonas, el 27 de junio, que el mandatario “no tiene nada que ver” en el primer caso y que el segundo no tiene sustento técnico.

Correa también ha tenido una actitud similar. Chiriboga había contado a este Diario que, antes de postularse, había llamado al presidente para comentarle que “tenía interés” en la Fiscalía. Según él, el mandatario contestó: “Qué bueno, espero que te vaya bien y que tengas suerte en este proceso”. Pero hizo más que desearle suerte. Públicamente ha defendido su postulación y hasta declaró su triunfo al comentar, en un enlace, que Chiriboga “ganó por los ocho costados”.

Aunque ya había iniciado la carrera por la Fiscalía, Chiriboga promocionaba en España la consulta popular convocada por Correa para el 7 de mayo pasado. Por ejemplo, el 31 de marzo, en un evento organizado por la Secretaría del Migrante, Chiriboga fue el encargado de explicar el contenido de las preguntas a los residentes ecuatorianos. Allí hizo hincapié en la necesidad de emprender un proceso de “modernización de la justicia”.

Cuatro semanas antes, el 3 de marzo, el entonces ministro del Interior, Alfredo Vera, expresó públicamente su apoyo. Allí, durante la rendición de cuentas del embajador en la sede de la Secretaría del Migrante, Vera comentó frente a un centenar de personas que a Chiriboga “le queda poco tiempo en Madrid”, pues dijo que “estaba seguro” de que reemplazaría a Pesántez. “Si hay justicia en nuestra sociedad, lo correcto sería que nos acompañe como fiscal”, añadió.

En este Gobierno, Chiriboga se ha desempeñado como ministro de Minas y Petróleos (del 23 de julio del 2007 al 8 de octubre del 2008) y como embajador de Ecuador en España (desde el 23 de diciembre del 2009). También fue abogado personal de Correa en el juicio en contra del Banco Pichincha por incluirlo en la Central de Riesgos como deudor moroso.

Chiriboga declara hoy su independencia política, pese a que su vinculación con la llamada “revolución ciudadana” no ha sido únicamente como funcionario o abogado. También ha tenido una participación activa en el movimiento de Gobierno.

Por ejemplo, entre los cargos de ministro y embajador, participó en las primarias de PAIS, del 25 de enero del 2009, para ser el candidato a alcalde de Quito, pero Augusto Barrera ganó en medio de reclamos de Chiriboga por una supuesta conformación irregular de las listas.

En esa época Chiriboga era presentado como miembro de la dirección provincial de PAIS y, además, como líder-fundador de un movimiento que él mismo registró en el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 10 de mayo del 2007, bajo el nombre Democracia Sí. Su intención inicial era terciar en las elecciones de la Constituyente, pero luego fue nombrado ministro y su movimiento se integró al conglomerado de Alianza PAIS.

En principio, la designación de Chiriboga ¬que había sido presidente de Petroecuador en el régimen de Alfredo Palacio, ministro de Trabajo y de Gobierno (e)¬ causó sorpresa, pues apenas un mes antes, el 18 de junio del 2007, había asumido la defensa del empresario quiteño Mauricio Ordóñez, quien llevaba cinco días en prisión por supuestamente haber ofendido a Correa con gestos obscenos mientras este último se dirigía a la Base Aérea Mariscal Sucre.

Chiriboga incluso le recomendó iniciar acciones contra el Estado para exigir una “reparación moral y económica”, pero finalmente no se siguió este camino. Sin embargo, enseguida anunció una demanda ante el entonces Tribunal Constitucional para derogar el art. 230 del Código Penal, que establece prisión a quien ofenda al presidente.

De hecho, como presidente de la Asociación Americana de Juristas, él elaboró el texto con el vocero de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Alexis Ponce, quien luego dijo que por cuestionar el uso de ese artículo lo sacaron de la lista de precandidatos de PAIS para la Constituyente. Chiriboga, sin embargo, fue nombrado ministro apenas un mes después y dejó de lado la iniciativa que antes había impulsado y defendido.

Pero ese nombramiento generó cuestionamientos de dirigentes petroleros. Hasta el 27 de junio del 2007, un mes antes de su posesión, Chiriboga había asesorado a la empresa Pertamina (de Indonesia) en la celebración de un convenio de confidencialidad con Petroecuador. También ha representado a otras petroleras y, además, ha ejercido como abogado de bancos cerrados, entre ellos, Filanbanco, La Previsora y Bancomex.

El asambleísta Cléver Jiménez (Pachakutik) y el exdirigente petrolero Fernando Villavicencio impugnaron su candidatura ante la Comisión de Selección del fiscal y plantearon un recurso de protección ante la Corte de Justicia. Cuestionaron, por ejemplo, cuatro certificaciones otorgadas supuestamente por la Asociación Americana de Juristas, sin fecha de expedición. Las firma Marco Navas (padre de Marianela Navas, integrante de esa Comisión) como supuesto secretario, aunque él fue reemplazado el 8 de febrero del 2010. Además, en aquellos documentos aparecen la dirección del estudio jurídico de Chiriboga en Quito y su correo.

También lo cuestionan por sus decisiones en materia petrolera, por ejemplo, en la renegociación de algunos contratos. Además, por presuntamente ocultar patrimonio en varias declaraciones de bienes: la empresa Madrigal Finance Corp., propietaria de una lujosa casa en Tumbaco. Una pareja de alemanes lo acusa de apropiársela a base de engaños. En este proceso, según sus documentos, también participó Marco Navas.

Se lo acusa, además, de actuar como abogado en fechas posteriores a su designación como embajador en España. Por ejemplo, mencionan que el 6 de enero del 2010 Chiriboga compareció ante la Corte Constitucional a una audiencia a favor de la transnacional petrolera OCP.