A Mauro Andino le incomoda que la propuesta de Ley de Comunicación que se tramita en la Asamblea sea conocida como el “proyecto Andino”. El asambleísta de Alianza PAIS y titular de la Comisión de Comunicación dice que en Europa se les pone nombre y apellido a las leyes que son positivas, pero que, en este caso, se trata de una ironía de la oposición. Le cuesta responder si discrepa en algo con el presidente Rafael Correa. Lo piensa, respira, mueve la cabeza. Sin embargo, reconoce que hay vacíos y ambigüedades en el proyecto.
¿Cómo regular contenidos de violencia, sexistas y discriminatorios sin caer en la censura previa?
La Constitución y los instrumentos internacionales prohíben de manera clara los actos discriminatorios, que no pueden ni deben pasarse a ninguna hora. Precisamente, en el articulado decimos que, para efectos de esta ley, se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje difundido, por cualquier medio, que tenga por objeto o resultado el menoscabar o anular el reconocimiento de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Ejemplo: los actos de xenofobia.
Publicidad
¿Cómo se va a medir eso?
El Consejo de Regulación tendría los criterios de calificación.
El proyecto contempla sanciones a los medios, pero no necesariamente pueden responder por todos los contenidos. Un ejemplo: en la transmisión en vivo de la final de un campeonato de fútbol es imposible evitar mensajes que pueden resultar discriminatorios o violentos.
No vamos sancionar a las personas que salen al aire, en este caso, con un mensaje discriminatorio. ¿Cómo ubicamos a esa persona?, ¿cómo le aplicamos una sanción? (A) lo que está dirigido es al periodista, al comunicador o al medio que utilice una acción discriminatoria.
Publicidad
¿Y cómo van a distinguir entre la responsabilidad de quien emite el mensaje y el medio?
Quien emite ese acto discriminatorio o quien incita es quien tendría que responder y ser sujeto de algunas de las medidas administrativas: disculpa pública del director del medio o, finalmente, la sanción económica, sin perjuicio de que la justicia ordinaria avoque conocimiento de alguna responsabilidad civil o penal.
¿Pero sobre quién recae el peso de esa responsabilidad?
Bueno… este punto habría que irlo puliendo.
Sin parámetros, los medios, para evitar sanciones, podrían censurar a sus periodistas.
Pretendemos que no quede ninguna ambigüedad ni vacíos, más aún si aplicamos lo que dice la Constitución sobre la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales. No se regularán los ‘noticieros’ ni lo que tiene que ver con la información, porque ahí sí podríamos hablar de censura previa.
¿Y cómo se regularán los mensajes violentos y discriminatorios de las cadenas nacionales y otros espacios políticos?
Sencillo. El art. 1 de la Constitución dice que Ecuador es un Estado de derechos y justicia, y, paralelamente, dice que todos somos iguales ante la ley.
Eso dice la Constitución, pero ¿en qué parte del proyecto de ley se recoge eso?
Si alguien incita a la discriminación o a la violencia, tiene que ser sancionado. No hay excepciones para nadie. No estamos haciendo una ley exclusivamente para los periodistas y comunicadores.
En el proyecto Andino hay sanciones solo para los medios.
Así es.
Si usted emite un mensaje discriminatorio en un noticiario, según su proyecto, ¿quién debe presentar la disculpa pública? ¿Usted o el noticiario?
Cuando es el comunicador o el periodista, el medio es el que debe hacerlo.
¿Y cuándo es el entrevistado?
Cuando hablamos de una persona particular caemos en el capítulo de los delitos de odio, del Código Penal.
Es decir, la Ley de Comunicación no contempla este caso.
Así es. Porque el Código Penal dice que será sancionado con prisión de seis meses a tres años quien incite al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física en razón del color de su piel, raza, sexo, religión de las personas. Es decir, si yo, como autoridad pública, cometo este tipo de desaciertos, no es que esté sujeto a una sanción de carácter administrativo, sino a una de carácter penal, que es mucho más grave.
¿Y qué pasa con las cadenas? En muchas se cita, entre otros, a “ponchos dorados”, “sicarios de tinta”, “gordita horrorosa”... ¿Esos no son mensajes discriminatorios y violentos?
Pregunto: ¿Acaso no hay juicios contra el presidente? Hay varios procesos de ese tipo y eso nos da la pauta de que todos somos iguales ante la ley.
La pregunta es si en el proyecto Andino hay algún artículo al que un ciudadano pueda recurrir para denunciar un acto discriminatorio en una cadena.
Habrá que analizarlo. Estamos construyendo la ley recién.
Según el proyecto, el presidente no tiene límites para ordenar la cantidad de cadenas que quiera, como lo reconoció el titular de la Asamblea, Fernando Cordero. Puede decir lo que quiera y no sería sancionado.
Me parece como que (ustedes piensan que) el presidente va a estar gobernando 400 o 500 años... Más se dedican a cuestionar lo que dice o deja de decir el presidente… Hay que legislar pensando a largo plazo.
¿Cree que las cadenas nacionales deberían tener un límite?
En la Ley de Radio y Televisión está establecido lo de las cadenas... Hoy estamos determinando en el proyecto precisamente esas facultades. Hay que ir depurando lo que, a lo mejor, no está bien estructurado para que no existan abusos de esas cadenas o sabatinas.
La relatora para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, advierte que hay el riesgo de excesos en las cadenas.
El comentario de la relatora es muy respetable, como el de cualquier ciudadano. A lo mejor reviste de un poco de mayor trascendencia, porque nuestro país es signatario de los instrumentos internacionales. Pero no es vinculante.
Los comentarios de Botero dan argumentos como para demandar la inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación.
Para ello nos sujetaremos a lo que establecen la Constitución y los instrumentos internacionales.
¿Usted es partidario de regular los espacios del Gobierno?
En el artículo 72 del proyecto de ley estamos sentando los espacios destinados al Estado... Si alguien, un funcionario público, hace uso inadecuado, debe ser sancionado y para ello habría que determinar una consecuencia jurídica; si no, sería un tiro al aire.
¿Qué sanción, por ejemplo?
Una sanción económica, un llamado de atención, hasta podría ser la destitución. Habría que analizarlo.
En el proyecto Andino se exige a los medios que cumplan con la rectificación y la réplica de quienes se sienten afectados, pero no se exige nada al respecto en el caso de las cadenas.
Todo es sujeto de análisis y de la voluntad política de todos quienes integramos el pleno.
¿Cómo podrían pedir la reparación del daño la asambleísta Lourdes Tibán o la periodista Janeth Hinostroza, a quienes se ha acusado y descalificado, sin pruebas, en cadenas?
Habrá que ir desarrollando este y otros temas que probablemente no están claros... Habrá que analizar algunos probables vacíos del informe, que no es inamovible, no está hecho en piedra.
¿Se revisará el capítulo del Consejo de Regulación?
Un tema polémico ha sido su estructura, conformación, integración y facultades. Y no es que queremos crear comisarías, como dice el asambleísta César Montúfar; hay delegados territoriales para descentralizar el trabajo.
Pero se deberían precisar sus atribuciones, eliminando ambigüedades.
Efectivamente, no queremos dejar ambigüedades a discreción del Consejo de Regulación o de sus delegados.
El presidente Correa ha adelantado un posible veto a la ley si no cumple con sus expectativas, como la regulación de contenidos. ¿Le afecta ese criterio?
Lo respeto. Hay puntos en los que podemos discrepar, pero habrá que esperar.
¿En qué discrepa con él?
Me pone en una situación difícil. A lo mejor, más que discrepar, hay que clarificar temas que no pueden estar tan precisos.
Perfil: Mauro Andino
EDAD
58 años
CARGO
Asambleísta de Alianza PAIS por Chimborazo, presidente de la Comisión de Comunicación. Se vinculó a esta agrupación política a mediados del 2007.
PROFESIÓN
Abogado desde hace más de 30 años. Presidió el Colegio de Abogados de Chimborazo. Militó en la Izquierda Democrática hasta 1992. Radiodifusor, chofer profesional y compositor musical.