El Gobierno ecuatoriano pidió ayer a la embajadora de Estados Unidos, Heather Hodges, que abandone en el menor tiempo posible el país, a la vez que se la declaró persona no grata.

La decisión gubernamental fue una respuesta al cable diplomático que obtuvo el portal Wikileaks en el que se revelaron supuestos actos de corrupción al interior de la Policía Nacional ecuatoriana.

El canciller Ricardo Patiño informó que, en una reunión mantenida el pasado lunes, Hodges ni explicó ni aclaró las versiones expuestas por dichos cables difundidos por el diario El País de España bajo el título ‘La corrupción policial en Ecuador es generalizada’.

Los documentos indican que, en el 2009, Hodges envió a su gobierno un documento clasificado que describe la participación de Hurtado en actos de corrupción de los que el presidente Rafael Correa, supuestamente, tenía conocimiento.

Según El País, Correa aprovechó esa información para hacer de Hurtado una persona “fácilmente manipulable”.

“Esto es absolutamente inaceptable. El Gobierno de Ecuador expresa su indignación por el contenido de estos cables”, enfatizó ayer Patiño.

El canciller relató que el lunes en la tarde convocó a la diplomática hasta su despacho y, en dos minutos, ella le manifestó que esa documentación le había sido robada y que, por tanto, ni ella ni el gobierno de Estados Unidos tenían que hacer ninguna observación, comentario o aclaración.

En tanto, el jefe de Estado ayer, en una entrevista en una radio local desde Puyo (Pastaza), sentenció que “el mensaje es gravísimo. Siempre pensamos que esta señora era enemiga del Gobierno. La hemos llamado para que dé explicaciones y muy arrogantemente dice que a pedido de su gobierno no va a dar explicaciones sobre información robada”.

Agregó que siempre se supo que Hodges era una mujer de extrema derecha y que siempre trató de desprestigiar a su Gobierno, por lo que deberá dejar el país. Pero espera que esto no dañe las relaciones bilaterales con los Estados Unidos.

Sin embargo, Correa no descartó pedir el apoyo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), según la posición que tome el país del norte con respecto al anuncio del régimen.

Hodges es la segunda embajadora de Estados Unidos en América Latina que sufre las consecuencias de las revelaciones de Wikileaks.

En marzo pasado, México pidió la dimisión del embajador de ese país, Carlos Pascual, tras la filtración de unos cables diplomáticos en los cuales criticaba la preparación del Ejército de ese país ante el desafío del crimen organizado.

Según el exvicecanciller ecuatoriano Marcelo Fernández de Córdoba, esta medida es “grave y delicada”.

A su criterio, esto ha hecho caer las relaciones entre los dos países en el nivel más bajo, sin tomar en cuenta que ese país es el principal socio comercial del Ecuador.

También el excanciller Antonio Parra Gil resaltó que esta es la “última medida” que debe tomar un país cuando se producen diferencias de criterios con otro y aún más cuando se trata de “un documento robado”, al que ninguna otra nación le está otorgando la trascendencia que le dio Ecuador.

En cambio para el también exministro de Relaciones Exteriores, Luis Valencia, Ecuador tenía toda la potestad de tomar esta medida, según lo establecido en la Convención de Viena de 1961. “No es una decisión extrema, porque es una decisión soberana del país”, acotó el exfuncionario.

La actual reacción del Gobierno ecuatoriano difiere, no obstante, de la posición que en diciembre pasado adoptó el vicecanciller Kintto Lucas al divulgarse los primeros cables.

En una entrevista radial, Lucas dijo que Ecuador estaba “abierto” a otorgarle la residencia a Julian Assange, fundador del sitio web.

“Estamos abiertos a darle la residencia en Ecuador sin ningún tipo de problema ni condicionamiento”, dijo.

Pero esto le costó un desmentido público por el mismo presidente Correa, quien aclaró: “Fue a título personal, no ha recibido la autorización del canciller ni del presidente para recibir a Assange”.

Otros expulsados: Diplomáticos extranjeros
2007, abril 26
El Gobierno expulsa a Eduardo Somensatto, representante del Banco Mundial, en represalia por la suspensión de un crédito cuando el presidente Rafael Correa era ministro de Economía, en el 2005.

2008, febrero 7
El presidente ordena la expulsión de Armando Astorga, funcionario de la Embajada de EE.UU., quien envió una carta a la Policía en la que anunciaba el fin de la ayuda a la Unidad de Lucha Anticontrabando. Él ya se había marchado días antes.

2008, febrero 7
Mark Sullivan, primer secretario de esa misión diplomática, es expulsado por cuestionar los cambios de personal en la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES). Según el Gobierno, esto fue “una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Ecuador”.

Textuales: Declaraciones
Ricardo Patiño
CANCILLER
“No estamos reaccionando por una acción del gobierno estadounidense, sino de la señora embajadora”.

Antonio Parra Gil
EXCANCILLER
“Un embajador tiene todo el derecho de informar al gobierno de su país sobre lo que considere conveniente”.