Los árboles talados también provocan el efecto invernadero

Un objetivo común: reducir las emisiones de carbono producidas por la deforestación. Un método: mitigar el cambio climático recompensando económicamente a los países en desarrollo para que dejen de talar sus bosques. Un programa: REDD+, el acrónimo de Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación Forestal, cuyo “más”, en Ecuador, representa la conservación y el manejo sostenible de los bosques y la reforestación.

Ecuador, donde el 80% de la emisión de dióxido de carbono proviene de la deforestación, según datos de la Subsecretaría de Cambio Climático, se acercó formalmente a la iniciativa internacional REDD en el 2007, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Bali, Indonesia, dos años después de que esta surja de la propuesta presentada por Nueva Guinea y Costa Rica, durante las negociaciones internacionales sobre cambio climático del 2005. Le aumentó el “más” como símbolo del involucramiento de las comunidades en el proceso.

Sin embargo, hasta el momento, en el país no se concretan las directrices básicas para el funcionamiento del programa, que se divide en tres fases: preparación, políticas y medidas, e implementación.

Ecuador se encuentra en la primera. Daniela Carrión, especialista REDD+ de la Subsecretaría de Cambio Climático, explica que se está trabajando en la línea base del programa, es decir, levantando los datos preliminares para elaborar un mapa histórico de deforestación, pues en las cifras existentes hasta entonces, tomadas de diferentes fuentes, existen notables diferencias.

También, asegura, se inició el plan piloto llamado Inventario Nacional Forestal, con el cual se busca conocer la valoración de los bosques del país, donde la deforestación oscila entre 60 y 70 mil hectáreas al año, según los datos oficiales que maneja la Subsecretaría de Cambio Climático, y cuyo control está a cargo del Ministerio del Ambiente.

Conforme a lo previsto, en el 2013 empezará la ejecución de la fase dos, que incluye definir un sistema mínimo de Monitoreo, Revisión y Verificación (MRV), para empezar a implementar las estrategias y realizar actividades demostrativas; y la fase tres, donde todas las estrategias deben implementarse por completo para iniciar el pago de retribuciones a los países que aplicaron,

La conversión de bosques tropicales en tierras agrícolas continúa a un ritmo cercano a los 13 millones de hectáreas anuales, según datos tomados entre 1990 y el 2005 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Además, la deforestación libera el carbono originalmente almacenado en los árboles en forma de emisiones de dióxido de carbono. Cerca de 1.700 millones de toneladas de carbono son liberadas por año, debido a cambios en el uso de la tierra, principalmente debido a la deforestación tropical.

La tala, quema o pérdida de bosque representa cerca del 17% de las emisiones globales anuales, más que las causadas por el sector del transporte a nivel mundial, según organismos internacionales como la FAO, el Banco Mundial y el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPPC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la FAO, la superficie total de los bosques del mundo es algo más de 4.000 millones de hectáreas, casi el 30% de la superficie total de la tierra. Aproximadamente el 56% de los bosques está ubicado en zonas tropicales y subtropicales, y se calcula que 1.200 millones de personas dependen de los bosques como medio de vida, mientras que más de 2.000 millones de personas (un tercio de la población mundial) usan combustibles de biomasa, principalmente la leña, para cocinar sus alimentos y calentar sus hogares, entre otros.

En Ecuador, la iniciativa internacional también encuentra obstáculos. Carrión considera que para cumplir con el objetivo de REDD+ es necesario analizar el proyecto desde un enfoque político, con normativas legales que lo respalden, que permita incentivar a la colaboración y cumplimiento; sin embargo, admite que aún no se establece de dónde se obtendrán los fondos para ejecutar las retribuciones económicas por no talar los bosques.

Mientras se buscan las fuentes de financiamiento, Ricardo Tapia, coordinador del proyecto ONU-REDD, de la FAO, plantea otros inconvenientes: tala ilegal de madera, la falta de acuerdos entre comunidades indígenas, entre otros, bajo los cuales “el programa no podrá desarrollarse en su totalidad”.

Otra limitación para la aplicación de los mecanismos REDD+ parte desde las comunidades indígenas. Juan Reátegui, coordinador técnico de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), coloca como condición que se les permita a los pueblos indígenas mantener el control de los bosques.

Financiamiento
Se establece que el mecanismo de financiamiento se base en el mercado de carbono, otros esquemas del sector privado o financiamiento bilateral de países donantes.

Una de las ventajas es que se puede recaudar dinero rápidamente; mientras que una de las principales desventajas es que la inundación de los mercados de carbono con créditos REDD+ podría reducir aún más el precio ya bajo del carbono en el mercado si no se aumentan los compromisos de mitigación de los países.

Un precio bajo del carbono significa que existen menos incentivos para que las empresas cambien a tecnologías que reduzcan las emisiones de carbono, según los diferentes organismos involucrados.

Para evitar esta situación, REDD+ debe garantizar un flujo continuo de fondos durante largos periodos y, ante la preocupación por las fluctuaciones en el mercado de carbono, se recomienda la creación de un fondo REDD+ independiente, que funcionaría con aportes de los países industrializados, según añaden diferentes fundaciones y organismos vinculados al cambio climático.

Uno de las primeros compromisos concretos de financiar REDD+ Ecuador llegó el pasado 21 de marzo. El Programa ONU-REDD, de Estados Unidos, aprobó $ 4 millones para financiamiento.

Estos fondos estarán destinados a apoyar la capacidad de los gobiernos nacionales para elaborar y aplicar estrategias REDD+, con la participación de todos los interesados, incluidos los pueblos indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques. Mientras el sistema de monitoreo para el control del uso de dinero aún no se define en el país.