El papa Benedicto XVI designó el pasado domingo a monseñor Ángel Polivio Sánchez, obispo de Guaranda y secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), como su Delegado Pontificio en el vicariato apostólico de Sucumbíos.
Su labor será la de actuar como representante de esa jurisdicción ante el Gobierno y colaborar en la misión pastoral del actual administrador apostólico, monseñor Rafael Ibarguren, quien pertenece a la congregación Heraldos del Evangelio.
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Dicho nombramiento, no implica que el Vaticano haya desconocido a Ibarguren y a los Heraldos.
Se trata de un encargo temporal hasta que “se calmen los ánimos” en Sucumbíos, explicó el presidente de la CEE, monseñor Antonio Arregui.
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En esa localidad, desde enero pasado, miembros de los grupos de laicos, sacerdotes, misioneros y religiosas protestan por la llegada de Ibarguren -en octubre del 2010- en reemplazo de monseñor Gonzalo López Marañón, quien se jubiló.
Según el Derecho Canónico, “a los delegados del Papa se les encomienda el oficio de representarle de modo estable ante las Iglesias particulares o ante los Estados y autoridades públicas a donde son enviados”.
Su función principal consiste en “procurar que sean cada vez más firmes y eficaces los vínculos de unidad que existen entre la Sede Apostólica (Roma) y las iglesias particulares”
Al momento, la Santa Sede no ha manifestado la intención de remover a Ibarguren, a pesar de que el Gobierno ha cuestionado su presencia en Sucumbíos.
Delia Malvay, dirigente de los grupos sociales y eclesiales afines a López, señala que todavía no conocen el alcance de esa designación, por lo que prefieren no pronunciarse sobre si es conveniente o no.
Malvay señaló que los movimientos insistieron en que Ibarguren y los Heraldos tienen que abandonar la provincia.
De los 15 días que les dieron de plazo para que se marchen, ya les quedan 5, recordó la dirigente de grupos de mujeres.