Nina Pacari Vega, magistrada de la Corte Constitucional (CC) que negó cuatro de las cinco preguntas de enmienda constitucional planteadas por el presidente Rafael Correa, defiende su tesis de que en varios puntos de las reformas constitucionales se restringen derechos constitucionales, se incumplen normas internacionales de las que el Ecuador es suscriptor y en otros se afecta la estructura del Estado. Aunque dice que los procedimientos que siguió la CC para resolver sobre la consulta popular fueron transparentes, sentaron precedentes y estuvieron enmarcados en la ley, también afirma que no solo en este tema, sino en otros, como la Ley de Minería, esperaba que la CC fuera más independiente.

¿Cuál era el ambiente en la CC desde que empezó a revisar las preguntas de la consulta?
Según la Constitución, previo a una consulta popular tiene que consultarse a la CC sobre la constitucionalidad o el procedimiento a seguirse. Para la Corte, el tema y el procedimiento son inéditos. Una de las cosas con que se encontró la sala de admisión fue que en la petición (del Ejecutivo) estaban dos temas distintos: la reforma constitucional vía referéndum, considerada por el presidente como enmienda; y la consulta. Se decidió separarlos en dos expedientes. Luego, tras el sorteo, me correspondió asumir como jueza sustanciadora.

¿La presión fue mayor porque se iban a marcar precedentes?
Claro. Era abrir caminos. Estar en un procedimiento no tan expreso en el reglamento y la ley. Esta dice al término de 20 días y el reglamento señala que cuando (el caso) está donde el juez sustanciador, el plazo es de 15 días. Con una cuestión así, cómo marcamos un precedente procesal constitucional. Entonces se coordinó con el doctor (Roberto) Bhrunis, por ejemplo, un mecanismo para abrir el debate al pueblo, mediante audiencia pública.

¿Tuvieron total libertad para tomar estas decisiones?
(Actuamos) apegados a la ley. No es una cuestión arbitraria. Escuchar las opiniones a favor y en contra fue muy importante y fue consolidar los principios de participación.

Publicidad

¿Sintió presiones de otro tipo?
Una cuestión que no me esperaba, porque se trata de la Corte Constitucional, es la agresión del presidente de la República. Con su primera intervención, al amenazar y señalar que ‘tengan cuidado, porque es de un sector político’, mi respuesta fue centrarme en mi responsabilidad, apegada a la Constitución. No iba a caer en refutar en las mismas condiciones de verborreas.

¿Fue la única presión?
Sí, y era permanente. Cuando di la respuesta de que las bravuconadas, ni el prejuicio ni el racismo me amedrentan, hubo otra reacción del presidente, más agresiva. Cuando se escucha una declaración, sobre todo por televisión... su lenguaje (del presidente) agregaba cierto menosprecio.

Aunque usted mantenía que la primera pregunta de la consulta (los plazos de la prisión preventiva) restringe derechos constitucionales y debe ser resuelta por una Asamblea Constituyente, luego sugirió modificaciones. ¿Por qué no mantuvo su criterio inicial?
No modifiqué mi informe. En el documento alternativo (presentado por el juez Patricio Herrera), si bien se establece sanción a los jueces cuando dejan pasar la caducidad, no se dice qué pasa con el procesado. Presenté una reforma que establecía que no se considerará que se ha excedido el plazo de la caducidad cuando el procesado ha evadido, retardado, evitado su juzgamiento. Pero la mayoría argumentó que mi planteamiento era incompleto. Insistí en que ese texto de mayoría restringía derechos y daba lugar al arbitrio.

Su colega Hernando Morales y otros analistas sostienen que la CC tenía que calificar la constitucionalidad del cuestionario y no replantear las preguntas...
La Constitución señala, entre las nuevas atribuciones de la CC, su capacidad interpretativa, por lo que no solo debe reflexionar en blanco y negro, sino ver hasta qué punto puede, desde el marco constitucional, resolver los conflictos por la vía de la interpretación. Debemos dar paso a esa innovación de jurisprudencia, de procedimiento.

Publicidad

¿Cómo se justifica la constitucionalidad de nombrar a una comisión tripartita para controlar a la Función Judicial, si estará integrada por funcionarios elegidos a dedo?
En el debate jurídico hay que partir de la teoría del Estado, que en el caso de Ecuador tiene cinco funciones, y lo que marca su estructura no es solo la creación de instituciones, también la fuente de designación de sus autoridades, sus competencias y la independencia. Por lo tanto, si se quiere modificar, no solo que sean tres (miembros de la comisión transitoria), sino la fuente de designación de autoridades y sus competencias, se está afectando la estructura del Estado. Si eso se trastoca, se trastoca la estructura del Estado. Es un absurdo decir que no es así, porque no se elimina el Consejo de la Judicatura.

¿Entonces la CC no está coadyuvando a garantizar la independencia de poderes?
Bueno... ha dado paso. Yo mantengo mi posición. Más allá de eso, no puedo decir.

La aprobación de una sentencia de la CC sobre otra en el caso de la Cervecería Nacional, ¿sienta un precedente de que las resoluciones de la Corte no son definitivas?
Lo dictado por la Corte es de última instancia, pero por ejemplo, en la Corte colombiana, si se evidencian fallas de violación de derechos o del debido proceso, se hacen revocatorias de sus fallos.

En este caso, ¿cuáles fueron las fallas?
Por más que se adoptó la decisión, esta no estaba perfeccionada y se estaban haciendo las observaciones. Pero un expediente había llegado a último momento y estaba aún en apelación. Es decir, no estaba decidido. Acogimos la petición de Édgar Zárate (vicepresidente de la CC) y se dejó insubsistente hasta la página 37 (de la primera sentencia).

Publicidad

¿Hay precedentes de esto?
Hay un precedente sobre un dictamen en un caso de Acnur. Estuve fuera del país, pero se había dado la decisión, sin que se notifique ni incorporen las observaciones, y la CC determinó que habían imprecisiones por corregirse. Con la nueva Constitución no es que está todo hecho, el procedimiento se va estableciendo en el camino. En este caso (Cervecería Nacional) se hizo un análisis orientado a que los jueces se disciplinen en que no todo es violación de derechos y, si es así, tiene que estar fundamentado... Si eso beneficia a unos u otros, no es nuestro tema. Esto no ha sido comprendido y se ha dicho cualquier cosa.

¿La CC atraviesa por una crisis institucional?
Ha habido intenciones de debilitarla, deslegitimarla. Desde sus inicios se la ha atacado de autoproclamación, pero creo que quienes lo hacen están esperando el caos y nosotros hemos garantizado la estabilidad institucional.

Esta Corte ha hecho interpretaciones que han tenido la venia del Ejecutivo. ¿Qué desbordó la copa para que usted adopte otra posición sobre la consulta?
Si se revisan mis fallos, por ejemplo, en el tema de los estados de excepción, tengo cantidad de votos salvados en que planteo mi desacuerdo cuando no se ha cumplido la Constitución... El rol del juez no está en el debate político. No hay cambio de opinión, ha sido mi permanente actuación.

En temas como la Ley de Minería y la consulta ¿ha prevalecido el criterio político al jurídico?
Creo que en los dos casos sí esperaba una cuestión de la Corte pegada a un análisis, que sea un poco más independiente y en estos temas cruciales sí ha habido un peso de coyuntura y política. Pero son cuestiones que nos tocan en un organismo colegiado. Lo que decía el doctor (Hernando) Morales: ‘Ustedes tienen la razón, pero nosotros tenemos los votos’.

Publicidad

Perfil: Nina Pacari vega
Edad
50 años.

Título
Doctora en Jurisprudencia y abogada con especialidad en Derechos Indígenas.

Cargos
Ministra de Relaciones Exteriores, 2003; diputada nacional, 1998-2003; asesora jurídica de la Conaie, 1989-1993; entre otros.