Son las 10:30 del jueves. Reina Ramírez recibe en su local del Mercado de las Cuatro Manzanas (Seis de Marzo y Franco Dávila, centro de Guayaquil) a un cliente que llega con una olla arrocera dañada. Tras conversar sobre el desperfecto, el arreglo queda pactado en $ 3.
Ramírez dice que es el primer trabajo del día, admite que en promedio recibe de cinco a seis y que los arreglos oscilan entre $ 3 y $ 15.
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La mujer, de 37 años, asegura que sus ganancias en el día son alrededor de $ 20, que le sirven para la comida diaria, ahorrar para cancelar la renta del local que es de $ 21 y además tiene que pagarle el trabajo que realiza su hijo Jonathan, de 23 años, quien tiene tres hijos que mantener.
Ella con su esposo, Kelvin Moreira, y su hijo aseguran que se dedican a la reparación de objetos electrónicos dañados y compran artículos usados o averiados a recicladores.
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Asegura que su familia lleva 23 años en esta labor y por eso le preocupa que se los califique como cachineros o que se los obligue a facturar.
“El Gobierno nos está exigiendo algo que no es justo, eso de que nos traigan factura y que nos pidan factura de una cosa usada que se va a vender, si esto está dañado, pero quién va a entender de facturar un bocín pequeñito, carbón, de un switch”, manifiesta Moreira.
Su esposo cuenta que anteriormente trabajaba en la calle Pedro Pablo Gómez, pero hace ocho años fue reubicado por el Municipio en dicho mercado.
En su local hay repuestos usados, como motores de licuadoras, piezas pequeñas, cauchos, alambres, objetos dañados que le sirven para modificar sus artefactos y luego venderlos, asegura el comerciante.
En otro local, David Valdivieso Orozco repara y compra computadoras dañadas para luego venderlas.
Mientras enseña los artículos que tiene en su puesto manifiesta que los policías han detenido a varios compañeros pese a que han presentado la documentación del producto.
“Yo tenía un poco de repuestos, todo se lo llevaron, eran cosas dañadas porque no tenía los documentos”, dice Valdivieso.
Enfatiza que los comerciantes de este mercado dependen de esta actividad para mantener a sus familias “y si no trabajamos de esto, de qué vamos a vivir, yo no soy un jovencito, yo necesito dinero y no tengo lo suficiente para comprar cosas nuevas”, dice.
Agrega que no le hace mal a nadie porque compran cosas usadas, “porque hay gente pobre que sí las compra”.
Por eso, agrega, está de acuerdo con que se pida factura de cosas nuevas, pero no de cosas viejas o usadas, por lo que pide a las autoridades una solución para seguir trabajando.
Pedro Cabrera, que repara aspiradoras y enceradoras desde hace seis años en este mercado, dice que las personas compran cosas usadas. “Los pobres compran esas cosas y cómo le vamos a dar factura de eso, está bien pedir impuesto pero de cosas nuevas, no usadas”, señala.
Indica que ellos compran a recicladores que van por diferentes sectores de la ciudad adquiriendo en las casas artículos dañados en su mayoría; “el de la carreta no me va a dar documentos, él no se va a comprometer a firmar un papel por cosas usadas que a veces son basura”, expresa.
Operativos
Pese a estos argumentos, en este mercado se han realizado dos operativos en diciembre pasado, en los que la Policía decomisó decenas de artefactos, repuestos, entre otros artículos, porque los comerciantes no tenían los documentos que les exigía la autoridad.
La acción obedece a la disposición del presidente de la República, Rafael Correa, que en noviembre pasado anunció la eliminación de las cachinerías en todo el país, porque presuntamente se comercializan productos robados.
El 31 de enero culminó el plazo dado por el Gobierno, sin embargo, el intendente de Policía del Guayas, Julio César Quiñónez, dijo que seguirán los operativos y que decomisarán los artículos en los locales que no presenten la documentación que certifiquen su propiedad.
“Nosotros aquí somos artesanos, recicladores, porque a esas cositas viejas nosotros les volvemos a dar vida, si usted me trae un ventilador podrido, suficiente que a mí me valga la caja y el alambre, yo lo lavo, lo pinto, le pongo una bobina y vuelve a funcionar”, argumenta Moreira para defender la legalidad y utilidad de su trabajo.
Álex López
Artesano
“Por un artefacto que está dañado, ¿quién va a pedir factura, si el dueño a veces los regala?”.
Maryuri Arévalo
Comerciante
“La patente que nos piden es muy cara; nosotros vendemos cosas pequeñas, hasta un extintor nos piden en cada local”.
Pedro Cabrera
artesano
“Aquí vienen policías, abogados y hasta fiscales a que les reparen sus artefactos dañados”.