En cursos no autorizados se formó a más de 8.000 choferes

La Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial (Cntttsv) entregó 8.760 licencias de chofer profesional a ciudadanos que, en su mayoría, participaron en cursos iniciados sin autorización de ese organismo y dictados por los sindicatos de choferes y un instituto superior en el país.Pese a que la Ley de Tránsito dispone que este documento se lo obtiene luego de un curso de doce meses y con 960 horas de clases, en el ciclo 2009-2010 la Cntttsv otorgó esas licencias a personas que participaron en cursos que comenzaron a inicios del 2009, pero cuyas autorizaciones se emitieron, por ejemplo, en marzo del 2010. En muchos casos los permisos llegaron pocos meses antes de la graduación de los estudiantes.Estas brevetaciones contrastan con el anuncio que desde el año pasado viene haciendo el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Tránsito, Ricardo Antón, de que se tomarán exámenes para revalidar las alrededor de 900 mil licencias profesionales existentes en el país y de las que 700 mil habrían sido entregadas en forma ilegal, según indica la autoridad.La Ley de Tránsito aprobada en el 2008 permitió la reapertura de las escuelas de capacitación, cerradas desde el 2003 por escándalos como la venta de licencias. En el artículo 188 de ese marco legal se indica: “La formación, capacitación y entrenamiento de los aspirantes a conductores profesionales y no profesionales estarán a cargo de las escuelas de conducción e institutos técnicos de educación superior autorizados por el Directorio de la Cntttsv, los cuales serán supervisados por Antón en forma directa o a través de las comisiones provinciales”.Según las disposiciones, para inaugurar una escuela se debían cumplir requisitos que antes no existían y que propiciaron las irregularidades, entre ellos: que cada sindicato reciba un cupo de alumnado según la capacidad de sus instalaciones y los equipos con que cuenta. “Se exigía que haya un pénsum académico, que los profesores tengan las debidas acreditaciones, que haya vehículos para prácticas”, señala Guillermo Ramos, ex director de la Cntttsv, quien deslinda responsabilidad en las denuncias que ahora se presentan, pues asegura que durante su gestión, hasta diciembre del 2008, no se graduó a ningún estudiante.“Quedó truncado el proceso de evaluación que estaba haciendo la Cntttsv, hasta mi salida solo se autorizó a 40 de las 90 escuelas de conducción”, indica Ramos, antecesor del actual director Ricardo Antón.Las capacitaciones que se iniciaron sin autorizaciones ocurrieron, por ejemplo, en Loja. Ahí el Instituto Técnico Superior de Transporte (Itesut) comenzó un curso, con 250 aspirantes, el 16 de enero del 2009. Dirigentes de los sindicatos de choferes de Loja denunciaron la ilegalidad y en agosto el Itesut suspendió las clases.“Teníamos toda la documentación en regla, solo faltaba la autorización”, refiere Carlos Gallegos, coordinador del Itesut en aquella época. El 10 de marzo del 2010, la Cntttsv extiende el aval. Se reanuda el curso y el 1 de julio se gradúan 90 alumnos, quienes de inmediato reciben su licencia tipo C de la Cntttsv.“Lo que se hizo es completar lo que faltaba de la malla curricular. No hay ninguna ilegalidad. Los gansos (ambiciosos) son los de los sindicatos de choferes, que no quieren perder un centavo porque les sale la competencia”, dice Carlos Gallegos.Hace dos semanas, en una asamblea realizada en Cuenca, los directivos de los sindicatos de choferes del Austro anunciaron un paro de actividades a partir del 17 de enero para, entre otras cosas, exigir la salida de Ricardo Antón, por permitir que escuelas de conducción como el Itesut breveten a sus estudiantes sin cumplir el tiempo de estudios establecido en la Ley.Las denuncias de irregularidades no solo apuntan al Itesut, sino también a escuelas de capacitación de sindicatos de choferes, donde se graduaban.El Sindicato Cantonal de Choferes de Catamayo (Loja) graduó en mayo del 2010 a 87 conductores profesionales, de un curso que se inició el 13 de abril del 2009, sin autorización. Ese aval llegó en diciembre, cuando ya la escuela de capacitación tenía ocho meses de labores.Fausto Aguirre Loaiza es el secretario general de ese sindicato. Él también preside la Unión de Sindicatos de Choferes Profesionales de Loja y asegura: “El único problema fue que no llegó la autorización”. Y admite que no solo sucedió con su organización sino con los de los cantones Paltas, que graduó a 47; Calvas, a 86; Puyango, a 86.“Iniciaron así, sin la autorización, que vino después; igual graduaron. Lo importante es que cumplimos con toda la malla curricular y exigimos todos los requisitos, sobre todo el título de bachiller”, dice Aguirre, quien señala que pese a las exigencias de la nueva Ley, los institutos “negocian” con la entrega de licencias. Cita el caso de un alumno que dejó la escuela de su sindicato el año pasado y meses después obtuvo su licencia en el Itesut. Aunque revisados los archivos, la persona a la que acusa solo posee licencia deportiva.Ricardo Antón, al referirse a la denuncia sobre el Itesut, manifestó hace diez días que él dio paso a la brevetación porque le presentaron la documentación en regla. Y también considera que hay intereses de la Federación de Choferes del Ecuador, que agrupa a los sindicatos, porque en la entrega de esos documentos “los sindicatos han recibido 59 millones de dólares entre el 2009 y 2010”.Según el reglamento respectivo, el curso para obtener la licencia profesional tiene un costo de $ 2.075, que van a las arcas del respectivo sindicato. Aguirre indica que $ 250 van a la Federación de Choferes del Ecuador, que dirige Ricardo Onofre. “Los $ 150 son para gastos administrativos y $ 100 para crear un fondo de cesantía para el chofer ecuatoriano”, cuenta Aguirre.El saldo queda para el sindicato, que cancela a los docentes, mantiene sus locales, parque automotor usado para enseñanza y gastos administrativos. Un profesor de las escuelas de capacitación gana $ 5 la hora.El manejo es similar en el resto de sindicatos del país. En el periodo 2009-2010 funcionaron 88 escuelas en 23 provincias, que graduaron a 8.760 conductores profesionales y a quienes la Cntttsv les entregó su licencia. El inicio de clases en esos establecimientos se dio sin la autorización, como en las de Loja, y se las legalizó meses después.Lea mañana Los permisos se obtuvieron tras un acuerdo previo con funcionarios de la Cntttsv.

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