“Ya tenemos nuestra nueva Constitución, ese canto a la vida de todas y de todos, puesta a consideración del pueblo... Hoy tenemos un nuevo marco institucional que entierra y enterrará definitivamente la larga y triste noche neoliberal”, decía el presidente Rafael Correa en su discurso de celebración de los tres años de la llamada Revolución Ciudadana.
Al cabo de un poco más de un año, el Mandatario –a través de una consulta– propone modificar 7 de los más de 450 artículos de la Carta Magna de Montecristi que no estan al tono de su proyecto político.
Publicidad
Se trata de 3 de los 14 numerales del artículo 77; los artículos 179, 180 y 181; el 312; la disposición transitoria vigésimo novena y el artículo 20 del Régimen de Transición.
Estos se refieren a la caducidad de la prisión preventiva y la aplicación de medidas cautelares alternativas a la privación de libertad; la integración del Consejo de la Judicatura; y la participación de los dueños de bancos y medios de comunicación en negocios ajenos a esas actividades.
Publicidad
Sin embargo, los asambleístas del oficialismo miembros de las mesas constituyentes que aprobaron los artículos señalan que los debates sobre la conveniencia de incluirlos en el texto constitucional se realizaron con la venia del Ejecutivo.
Aminta Buenaño (AP), que fue parte de la mesa de Derechos Fundamentales que abordó los de derechos de libertad y al debido proceso, dice que hubo un consenso en su bloque para mantener los plazos para la caducidad de la prisión preventiva que ya constaban en la Constitución de 1998.
Estos son seis meses para los delitos sancionados con prisión, como los robos; y un año para los penados con reclusión, como los asesinatos.
De ahí que AP se haya centrado en desarrollar otros derechos, como los colectivos, los sexuales y de la naturaleza.
María Cristina Kronfle (Madera de Guerrero), también de esa mesa, cuenta que la oposición sí advirtió al oficialismo sobre la necesidad de fijar la caducidad en “plazos razonables”, que en el Ecuador podían ser de uno y dos años, en su orden.
La propuesta de consulta retoma esa tesis; propone que los tiempos sean definidos por una norma secundaria.
“No quisieron hacerlo entonces porque dijeron que se retrocedería en derechos fundamentales”, recuerda ella.
Gina Godoy (AP), quien formó parte de la mesa de Justicia que elaboró los artículos sobre la Judicatura, sostiene que decidieron mantener la misma estructura que preveía la Constitución de 1998 para ese organismo de administración de la justicia, porque creyeron que era un número adecuado.
Y para que sea independiente se optó por eliminar la tutoría de la Corte Nacional de Justicia y seleccionar a sus miembros mediante un concurso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana.
Godoy dice sentir un “dolor muy profundo” porque el Presidente no consideró el trabajo de la Constituyente, pero asegura comprender que este ha sopesado las demandas ciudadanas de mejorar el sistema de justicia para combatir a la delincuencia.
Su compañero de mesa, Vicente Taiano (Prian), confirma que esta buscó la alternativa más viable para despolitizar la Judicatura, “pero de la noche a la mañana llegó el artículo 209 que da paso a que el Consejo de Participación cree las comisiones ciudadanas de selección... hasta ahí nos llegó la ilusión de cambiar la justicia a los miembros de la oposición”.
“Los asambleístas nos pasamos discutiendo siete meses, pero los días previos al cierre llegaron los textos desde Carondelet”, afirma.
El ex presidente de la Asamblea, Alberto Acosta (ex AP); y Martha Roldós (RED), ambos miembros de la mesa 7 de Régimen de Desarrollo que redactó los textos sobre el sistema financiero, expresan que su discusión se centró en la prohibición de que los banqueros tuvieran otros negocios, sobre todo medios de comunicación.
Aunque Acosta señala que sí se planteó la posibilidad de que se ampliara tal restricción al Estado (para que no tenga, a la vez, bancos y medios), esta no logró concretarse. Roldós indica que nunca se habló de extenderla a los dueños de medios.