Pobladores de la parroquia Cochapata, ubicada al sur del cantón Nabón, se movilizaron para pedir que se anulen siete órdenes de prisión emitidas en contra de autoridades y comuneros de Cochapata.
Entre las voces de adultos, resonaban gritos de menores de edad que reclamaron por la libertad de sus padres, tíos y vecinos; quienes bajo la acusación de sabotaje fueron sentenciados a 8 años de prisión por actos vandálicos contra los bienes de la Compañía Minera Belén, acaecido en marzo del 2008.
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La marcha se plantó en la Fiscalía, Gobernación y la Corte de Justicia del Azuay. Los representantes pidieron que se aplique una amnistía emitida el 31 de julio de 2008, que está dada en este caso, y favorece a los implicados en casos mineros en las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
Asimismo, argumentaron que en el caso tramitado por un juez de fuero, debido a que dos concejales de Nabón fueron involucrados, se cometieron injusticias; y ahora la dignidad de un pueblo fue afectada, dijo Gonzalo Patiño.
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Las autoridades que conocieron de los conflictos entre la comunidad y la empresa minera, no tomaron los correctivos a tiempo y aquello terminó con una revuelta pública del pueblo de Cochapata, indicó Manuel Patiño, hermano de uno de los sentenciados, quien confía en el Presidente para que
no se condene a gente inocente.
La alcaldesa de Nabón, Magaly Quezada acompañó a los familiares, amigos y autoridades de la parroquia a fin de mediar en el reclamo, pidió a los entes correspondientes se agiliten y gestionen las acciones legales ante la Corte Constitucional, Asamblea Nacional y la Corte Nacional de Justicia.