'Sí, queremos meter las manos en las cortes'

La consulta popular que impulsa el Ejecutivo averiguará al menos diez temas, que fueron explicados ayer por el presidente Rafael Correa, durante el enlace sabatino, que transmitió desde Baeza, en Napo.

Además de las preguntas relacionadas a la inseguridad ¬tiempo para la caducidad de la prisión preventiva y no otorgar medidas cautelares alternativas en ciertos delitos¬, el Gobierno aprovechará para introducir otros cambios que, inclusive, enmendarán la Constitución.

El Mandatario ratificó ayer lo que había anunciado en el gabinete itinerante del viernes: consultar sobre la creación de una comisión técnico-ejecutiva que asuma las funciones del Consejo de la Judicatura (CJ) para reestructurar el sistema de justicia del país.

Sostuvo que de mantener a la actual Corte Nacional de Justicia (CNJ), no podrán implementar los cambios judiciales.

“Dirán que queremos meter mano en las cortes; sí, queremos meter manos: para bien del pueblo ecuatoriano... Tenemos que cambiar el sistema de justicia, compatriotas”, enfatizó.

Anticipó que esto provocará una campaña en su contra, por lo que pidió a los ciudadanos ser veedores y constatar que el régimen no pondrá a jueces por su conveniencia.

Admitió que algunos aspectos de la Constitución no están funcionando como deberían, como la integración del CJ con nueve vocales que se encarguen de lo administrativo. Dijo que ellos deberían “evaluar a los jueces y el sistema de justicia”, aspecto que también irá a consulta.

Anunció, además, que pedirá la eliminación de las comisiones ciudadanas que se encargan del proceso de elección de las nuevas autoridades, en conjunto con el Consejo de Participación Ciudadana (CPC).

“Así no vamos a acabar nunca de elegir a las nuevas autoridades, entonces vamos a preguntar al pueblo si está de acuerdo con eliminar las comisiones ciudadanas, no el CPC”.

Afirmó que también se averiguará si los amparos constitucionales deben ser normados, ya que aunque se trata de un recurso legal, pueden frenar ciertos proyectos importantes.

El Presidente informó que otro punto que se incluirá en la consulta es sobre la posible explotación del crudo que yace bajo el Parque Nacional Yasuní, de no existir la corresponsabilidad que se busca en la comunidad internacional.

El régimen impulsa la Iniciativa Yasuní-ITT para conservar esa área protegida a cambio de la inversión monetaria de otros países. Correa garantizó que si el pueblo permite explotar la zona, las ganancias irán a proyectos ambientales y de salud.

De su parte, explicó que se preguntará a la gente si cree que los banqueros no deben poseer acciones en “negocios ajenos al sistema financiero”. Dijo que esto está prohibido en países como Estados Unidos.

La Constitución ya les prohíbe tener participación en los medios de comunicación.

Sobre estos últimos también habrá un inquietud en el referéndum. Correa señaló que a los ciudadanos se les consultará si quieren que los medios de comunicación nacionales solo deban tener negocios vinculados al sector de la comunicación.

Por último el Mandatario aseguró que incluirá una pregunta para que el Estado pueda comprar renuncias en el sector público, a fin de sacar a los corruptos de ciertas instituciones.

Dijo que la Asamblea quitó este aspecto en la aprobación de la Ley de Servicio Público.

Apuntes: Otros temas de enlace
Paro transportistas
El mandatario Rafael Correa dijo que no aceptará la presión de ciertos gremios de la transportación, que amenazan con irse al paro, si no se remueve al director del Consejo Nacional de Tránsito, Ricardo Antón. Dijo que el Gobierno sabrá responder y recordó a los choferes que obstaculizar la vía pública es delito. Además ratificó su apoyo a Antón.

Ley Educación Intercultural
El Jefe de Estado anticipó que impondrá un veto parcial al proyecto de Ley de Educación Intercultural, cuya votación final en la Asamblea está pendiente. Correa dijo que no aceptará extorsiones, como aquella de que no se aprobará la normativa. Denunció que el legislativo insiste en aprobar la ley con un bono al maestro y el pago retroactivo desde julio del 2010. Lo cual él negó.