708 testimonios del 30-S enredan a la Fiscalía General

A cien días de la insubordinación policial, la Fiscalía General del Estado –a cargo de Washington Pesántez– no logra cerrar ninguno de los diez casos que se encuentran abiertos para identificar a los responsables materiales e intelectuales de los sucesos del 30 de septiembre (30-S).

De acuerdo con la última evaluación de ese organismo concluída el jueves pasado, a la que tuvo acceso este Diario, cuatro procesos se encuentran en la etapa de indagación previa y seis en instrucción fiscal.

Según el Gobierno y los fiscales, ese día se cometieron varios delitos, como intento de asesinato al presidente Rafael Correa, rebelión, atentado en contra de instalaciones públicas, homicidio...

Pero los tiempos empiezan a quedar cortos. Hasta ahora –según el informe de la Fiscalía– se han registrado 708 testimonios sobre los sucesos del 30-S.

Conforme avanzan las investigaciones, más personas han sido llamadas a dar sus versiones, lo que ha provocado que, por ejemplo, las instrucciones fiscales no logren cerrarse en el plazo de 90 días contemplado en el Código de Procedimiento Penal y a que las “pruebas” sean puestas en duda por los propios investigadores.

Para el fiscal de Pichincha, Marco Freire, quien coordina y hace un seguimiento a los procesos, las instrucciones fiscales no demorarán más allá de los plazos que determina la legislación.

Al cumplirse los cien días de la revuelta, se registra un saldo de 23 personas detenidas, 33 implicados que se beneficiaron con la sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar y 50 procesados en los 10 casos abiertos por la Fiscalía.

Desde mañana, el fiscal general, Washington Pesántez, tiene previsto hacer una evaluación de los procesos, en conjunto con los fiscales encargados de su trámite y revisar el avance real de las investigaciones.

Aunque los casos se prolongaron por la vinculación de nuevos testimonios, según Freire, en esta ocasión no se repetirá lo que sucedió con los juicios bancarios que siguen en las cortes a pesar de que la crisis financiera ocurrió hace más de 10 años.

Édgar Pavón, abogado de Fidel Araujo (acusado de participar en la sublevación), sostiene que hay presiones políticas en el trámite de estos procesos, ya que, en su criterio, la Fiscalía intenta probar la hipótesis de que se intentó dar un golpe de Estado para derrocar a Rafael Correa. Ello quedó en evidencia, dijo, en el trámite que se sigue contra su cliente y en el caso del coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía Nacional, a quien se acusa de impedir el ingreso del Mandatario a esa casa de salud.

En el caso de Araujo, la Fiscalía no logra recopilar las pruebas necesarias que determinen su rol en los hechos, afirmó el abogado. Y agregó que Carrión fue imputado “solo por decir la verdad”, refiriéndose a las declaraciones del coronel en el sentido de que el Presidente nunca estuvo secuestrado.

Para Patricio Armijos, abogado de un grupo de policías, también existen presiones políticas que han dejado a sus clientes, prácticamente, en la indefensión. La Fiscalía negó los pedidos para que estos se beneficien con la sustitución de la orden de prisión, con fianza o amparos de libertad.

Según Freire, las investigaciones seguirán, pero admite que si el poder político resuelve conceder amnistías, a los fiscales no les quedará más que acatar esa decisión.

Carrión niega las acusaciones
El coronel César Carrión, ex director del Hospital de la Policía, es parte de una instrucción fiscal por el supuesto intento de asesinato en contra del presidente de la República, Rafael Correa.

El proceso fue abierto el 26 de octubre del 2010 y está a cargo del fiscal José Miguel Jiménez.

Actualmente Carrión es el único detenido, bajo la acusación de negarse a abrir la puerta del hospital el 30 de septiembre pasado, cuando Correa intentaba escapar de los gases y agresiones de los uniformados sublevados en el Regimiento Quito.

El coronel ha negado esa acusación y sus familiares han reclamado el debido proceso.

Entre las diligencias que se han realizado por este caso se cuenta el cotejamiento de videos e imágenes de lo que sucedió ese día.

También consta el reconocimiento del lugar de los hechos y varios informes periciales, así como fichas individuales de quienes fueron identificados por los investigadores como supuestos participantes del delito. La Fiscalía ha llamado a rendir su versión a cuatro personas más.

Instrucción por agredir al Mandatario
El 2 de octubre del 2010 se inició una instrucción a cargo del fiscal Luis Enríquez, por el supuesto intento de asesinato al presidente Rafael Correa.

Entre los procesados están: Luis Aníbal Martínez (prófugo), Luis Bahamonde y Jaime Vinicio Paucar (detenidos). También los coroneles Julio Cueva, José Rivadeneira y Edwin Echeverría (tienen medidas sustitutivas a la prisión) y el policía Geovanny Chancusig.

Según la indagación de la Fiscalía, el pasado 30 de septiembre, Martínez incitó a los miembros de la Policía a agredir y asesinar a Correa, a través de la radiofrecuencia de la institución; mientras que a Paucar se lo acusa de intentar quitarle la máscara antigás, mientras que los tres comandantes del Regimiento Quito no lograron controlar la sublevación.

En este caso hay 85 personas llamadas a rendir su versión.

Entre las diligencias realizadas están la reconstrucción de los hechos en el Hospital de la Policía, el reconocimiento de los rastrillos del Regimiento Quito, la revisión de videos y elaboración de fichas de involucrados.

Acusado de incitar a la rebelión
El mayor del Ejército (en servicio pasivo) Fidel Araujo está acusado y detenido por incitación a la rebelión. Su caso está en instrucción fiscal, que fue abierta el 6 de octubre del 2010.

La investigación está en manos del fiscal José Miguel Jiménez.

Además de Araujo, ex colaborador cercano del ex presidente Lucio Gutiérrez, está procesado el capitán Geovanny Fuentes Flores, a quien se le aplicó la sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar.

Según las acusaciones del Gobierno, Fidel Araujo habría mantenido contacto telefónico con Geovanny Fuentes durante la mañana del 30 de septiembre del año pasado.

La Fiscalía intenta determinar si los imputados promovieron un golpe de Estado con el fin de deponer al mandatario Rafael Correa.

Por este caso han sido llamadas a rendir su versión 66 personas. Ya se ha realizado el cotejamiento de videos e imágenes, así como varios informes periciales, entre los cuales está el reconocimiento del lugar de los hechos.

Indagan caso de heridos y muertos
Por el ataque a una ambulancia de la Clínica Villaflora, que transportaba a militares heridos, el fiscal Vicente Reinoso abrió una indagación previa el 7 de octubre del 2010. Han sido llamadas a declarar 26 personas.

Hasta ahora se han solicitado certificaciones de armas, historias clínicas, exámenes médicos legales, entre otros.

Existe, además, otra indagación previa por homicidio simple, a cargo del fiscal Juan Núñez, para determinar el origen de la bala que mató al policía Froilán Jiménez.

Procesados por toma de Ecuador TV
El fiscal Gustavo Benítez está al frente de la instrucción fiscal por la toma del canal estatal Ecuador TV, por parte de un grupo de opositores al Gobierno.

Entre los procesados están Pablo Guerrero (con sustitución de la orden de prisión) y María Alejandra Cevallos (con orden de prisión y actualmente prófuga). Además, Max Marín y Patricio Camacho, a quienes se los vincula con Sociedad Patriótica, enfrentan la orden de prisión preventiva.

Hay 39 personas llamadas a rendir su versión.

Atentado contra la seguridad
Debido a la toma de la Asamblea Nacional, el fiscal Miguel Jurado abrió una instrucción fiscal en octubre pasado, por atentado contra la seguridad del Estado, en la que se encuentran como procesados el coronel Rolando Tapia (ex jefe de la Escolta Legislativa), el cabo Marco Tibán y el mayor Javier Noboa.

Además están detenidos los policías Mario Flores, Ower Simancas, Édison Zapata, Gabriel Lucero, José Heredia, Segundo Carrasco y Jean Revelo.

En este caso, 72 personas han sido llamadas a rendir versión.

Defensa no entrega nómina
El 18 de octubre del 2010 se abrió una indagación previa para determinar responsabilidades en la toma de las instalaciones del Ministerio de Defensa, bajo la sospecha de atentado contra la seguridad del Estado. Las investigaciones están a cargo del fiscal Iván Ron.

Han sido llamadas a rendir su versión 85 personas.

El caso no ha avanzado debido a que las autoridades del Ministerio no han enviado la nómina de los militares que participaron en los disturbios registrados en esa dependencia durante la insubordinación.

Investigación a sublevados no termina
El caso de la rebelión registrada en el Regimiento Quito es investigado por el fiscal Jorge Cano.

Por este proceso, hasta ahora existen 9 detenidos y 36 procesados, de los cuales 27 se beneficiaron con la sustitución de la orden de prisión preventiva.

Han rendido su versión 42 personas.

Entre las diligencias realizadas están el reconocimiento del rastrillo del Regimiento Quito y del GOE, el cotejamiento de videos, informes periciales y la elaboración de fichas de los posibles involucrados.

La FAE no remite lista de oficiales
La Fiscalía abrió una indagación previa por sabotaje, debido a la toma de las instalaciones del aeropuerto Mariscal Sucre. La causa está a cargo del fiscal Iván Ron.

En este caso, la Fuerza Aérea Ecuatoriana no ha remitido la lista de oficiales involucrados en la toma del aeropuerto.

En octubre pasado, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, afirmó que el criterio del Gobierno es que no existieron delitos penales en este caso. 289 personas han sido llamadas a rendir su versión de los hechos.