QUITO
.- Con el respaldo de cuatro de sus siete miembros, el Consejo de Participación Ciudadana, también llamado Quinto Poder, designó ayer a la abogada Suad Raquel Manssur Villagrán superintendenta de Compañías.

Por ella votaron la presidenta del Consejo, Marcela Miranda, y Fernando Cedeño, Mónica Vanegas y Tatiana Ordeñana. Luis Pachala, Andrea Rivera y David Rosero se abstuvieron. Aunque este último cuestionó con vehemencia a la candidata que encabezaba la lista enviada por el Ejecutivo para ocupar el cargo.

Así, los consejeros repitieron sus posturas de la sesión del martes pasado, cuando cuatro negaron la impugnación a esa candidata, y tres quisieron que se la acoja para dejarla fuera de la terna por las acusaciones del veedor Ángel Gabriel Salvador, director de la organización Contraloría Social, de que ella aprobó, como delegada del mandatario Rafael Correa en la Junta Bancaria, una resolución en el 2009 que condonó deudas con la banca cerrada, entre ellas las de sus dos hermanos.

Ese día, la aceptación de su candidatura causó reclamos. Geovanny Zurita, coordinador veedor del proceso de elección del Superintendente de Compañías en el Litoral, reprochó que Miranda no haya acogido el pedido de los veedores de sí aceptar la impugnación. "Parece que esto viene con orden de algún otro sitio", comentó sin precisar a quién se refería.

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La semana pasada durante la audiencia de la impugnación, a Manssur la acompañó el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

Manssur reemplazará a Pedro Solines, designado superintendente de Bancos.

Será la Asamblea Nacional la que definirá la fecha de posesión de Manssur, luego de que el Consejo envíe una notificación oficial sobre su elección.

Mientras se siguen tramitando objeciones para otros cargos. Ayer se dio paso a cuatro de las ocho impugnaciones contra Diego García, quien renunció para encabezar la terna y seguir en ese cargo en los próximos cuatro años.

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En la audiencia de ayer, que se extendió más de cinco horas, se lo cuestionó por su accionar en asuntos laborales de la Procuraduría, por su presunta obstaculización en la ejecución de las reparaciones económicas para el periodista Rafael Cuesta Caputi e ineficacia en la defensa del Estado ante la petrolera Chevron Texaco.

Uno de los impugnadores fue Cuesta, quien el 16 de febrero del 2000 sufrió un atentado con una carta bomba cuando era vicepresidente de Noticias de TC Televisión. Aunque cree que García es una buena persona, dijo que "no es por sus méritos que será Procurador, sino porque el presidente Correa así lo quiere".

Cuesta alega que el candidato no cumplió con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que en varias ocasiones se habría negado a entregar documentación relativa a su caso.

El asambleísta socialista por la provincia de Orellana Tomás Zevallos preguntó al Consejo si "es coherente volver a contratar al abogado que perdió casi $ 700 millones" en un juicio impuesto por Chevron. Según él, el entonces Procurador no usó los mecanismos y recursos pertinentes para garantizar una adecuada defensa del Estado.

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García deslindó su responsabilidad en todas las impugnaciones. Aseguró que en muchos casos hay intereses de personas que se vieron afectadas por decisiones tomadas durante su gestión.

Los consejeros tienen tres días laborables para analizar las impugnaciones y el jueves podrían pronunciarse respecto a la idoneidad o no del abogado guayaquileño para seguir al mando de la Procuraduría.

Ternas
El Procurador General del Estado y los tres superintendentes se eligen de las ternas propuestas por el Ejecutivo.

Procesos
La del Procurador está en el proceso de impugnaciones. Los superintendentes de Bancos, Pedro Solines, y de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, ya fueron posesionados el martes pasado.