Al nuevo conflicto abierto entre el régimen y los seccionales por la competencia del tránsito se suma otro aspecto: el Consejo Nacional de Tránsito anunció que solo el Municipio de Quito asumirá la regularización de los taxis ejecutivos.
Aunque el presidente Rafael Correa habló de la intención de que la Prefectura se haga cargo de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) si el consorcio de 21 municipios conformado para asumir la competencia del tránsito deja a la institución fuera de juego, y el prefecto Jimmy Jairala ahora espera una propuesta formal del Gobierno nacional o del consorcio para intervenir en el tema, el propio director del Consejo Nacional de Tránsito, Ricardo Antón, sostuvo que ese plan está descartado porque no existe una vía jurídica para la aplicación de esta medida.
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El lunes “hemos conversado con el Presidente sobre eso, y no hay vía jurídica para que la Prefectura asuma la responsabilidad de la CTG”.
Y anunció que la legalización de los taxis ejecutivos la tendrá únicamente el Municipio de Quito, pues, según los estudios de factibilidad, este es el único Cabildo que tiene bajo su mando esta competencia ya que “desde hace 15 años, se ha dicho que serán ellos, quienes asuman la entrega de los permisos de operación”.
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Mientras que en el Guayas, la Comisión Nacional de Tránsito, a través de la CTG, legalizará a los informales. Enfatizó que ningún otro municipio tendrá la capacidad de asumir estas competencias.
La constitución jurídica de los compañías de taxis, incluso en la capital, la tendrá la Comisión Nacional.
Jairala consideró ayer que “el tema del papel de la Prefectura en el conflicto por la CTG está siendo manoseado” y por ello dijo que no se pronunciará más hasta que los alcaldes, “si tienen interés en que el Prefecto ejerza de mediador en beneficio de la unidad provincial, lo propongan de modo expreso... Si el Gobierno tiene planteamientos que busquen preservar la vigencia de la CTG, que me haga una propuesta formal”.
Por parte del consorcio hay malestar por el trato diferente que reciben. “Mientras a Quito le dan el trato legal y correcto, con celeridad, a los municipios consorciados de Guayas les ponen todo tipo de trabas contrarias a la ley”, señala una carta enviado a la CTG el 10 de noviembre. Este lunes el Distrito Metropolitano de Quito asumió la competencia del tránsito.
El consorcio quiere auditar la gestión de la CTG desde el 2007, cuando el régimen tomó las riendas de la entidad.
En la carta, los 21 alcaldes piden a los directivos de la Comisión los balances; los presupuestos, con ingresos y egresos detallados; el sustento jurídico y análisis económico y financiero, incluyendo pasivos, de las cajas de cesantía del Cuerpo de Vigilancia y de los empleados civiles; contratos celebrados por la entidad en el 2007, 2008, 2009 y los datos más recientes del 2010 y de los contratos que están en proceso de suscripción. Y el detalle de todos los juicios en que la CTG sea actor o demandado.
El consorcio defiende la revisión que quieren realizar. “Solo cuando la acepción es vinculada a la Contraloría –que no es lo propuesto– dicho organismo tiene la facultad exclusiva de realizarla. ¿Por qué la resistencia a informar, transparentar las cosas y rendir cuentas?”.
Jairala ha mencionado que “no hay que tenerle ningún temor a las auditorías, ni de la Contraloría ni una externa, la acción de la Contraloría es absolutamente necesaria y obligatoria, pero una auditoría externa si es internacional es también saludable, yo no veo por qué la preocupación”.
Competencias: De los gobiernos
Municipales
Entre las competencias exclusivas que el artículo 264 de la Constitución consta la de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.
Regionales
El artículo 262 aclara que este tipo de gobiernos tendrán la tarea de planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal “en tanto no lo asuman las municipalidades”.
Provinciales
En sus competencias no se menciona nada sobre el tránsito (artículo 263).