Las defensas del ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Xavier Aguiñaga, y de los notarios de Guayaquil, Marcos Díaz Casquete y Julio Olvera, esperan que la instancia superior de justicia revierta la orden de prisión que pesa sobre ellos desde el pasado sábado, cuando el juez del caso los acusó del delito de falsificación ideológica y de documentos públicos, en la nacionalización de cubanos.
Por ello, y de manera separada, los abogados defensores interpusieron recursos legales en rechazo al dictamen del juez Cuarto de Garantías Penales del Guayas, Jorge Mestanza.
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El patrocinador de Aguiñaga, que es hermano de la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, es su padre, Xavier, quien presentó tres acciones: de apelación, de nulidad, y de suspensión de la medida cautelar.
Afirmó que su hijo es inocente y que durante la investigación, la Fiscalía no supo exponer un solo acto que lo vinculara al ilícito que se le imputa.
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Además, reiteró que desde un inicio se violó el debido proceso y que así lo creyó también la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, María Leonor Jiménez, al otorgarles a los tres funcionarios el amparo de libertad que pidieron.
Con él coincidió el abogado del notario Díaz, Gonzalo Güilcapi, quien planteó un recurso de nulidad.
Güilcapi recordó que en abril pasado la presidenta de la Corte admitió que hubo una “indagación previa hecha apresuradamente por la Fiscalía”.
Aseguró que la resolución de Jiménez era vinculante para el juez Mestanza por ser superior a él. “Pero este juez qué tanta presión tendrá y qué valentía tendrá para haberse hecho del lado de la injusticia”, se cuestionó el abogado.
Ambos defensores expresaron su deseo porque se haga justicia una vez que el proceso suba a la corte provincial, se sortee entre las salas especializadas de lo penal y sus magistrados se pronuncien.
Aguiñaga indicó que en el caso de su hijo hay un trasfondo político para lastimar a la Ministra del Ambiente.
Además, cuando se le preguntó si el ex subsecretario había salido del país, respondió: “Yo no le puedo asegurar eso, pero se entiende que aquí en este país cuando se maneja la justicia de esta forma, uno tiene que pelear desde afuera, o sea no dejarse coger. Entonces para no dejarse coger, qué es lo que se tiene que hacer: salir del país”.
El ex subsecretario y los dos notarios no fueron los únicos acusados por el juez, quien acogió casi en su totalidad el dictamen de la fiscal, Mónica Rivera, encargada del tema.
De los 75 procesados en la instrucción fiscal, se acusó a 74 personas, entre ciudadanos ecuatorianos, cubanos y dos chilenos; y se sobreseyó a Juan Carlos Vega Rosero, a quien se le suplantó su identidad.
La fiscal halló que los notarios “a sabiendas que se cometían falsedades, tanto en los testimonios como en las declaraciones juramentadas, celebraban escrituras públicas” y extendían uniones de hecho entre cubanos y ecuatorianos. Y que con ese documento, el ex subsecretario otorgaba la nacionalidad sin la necesaria verificación.
La base de esta investigación fue una denuncia de la Secretaría Nacional de Transparencia, de marzo pasado.
Acusados de falsificación
Juan Xavier Aguiñaga
Edad: 30 años
Cargo: Fue subsecretario de Relaciones Exteriores del Litoral
Fue acusado por la Fiscalía por extender 90 declaratorias de naturalización sin haber verificado que los cubanos cumplieran con el tiempo de permanencia requerido en el país, o que existiera una real unión de hecho. Además, la Secretaría de Transparencia señaló que “tenía la obligación de verificar los movimientos migratorios”.
Julio Olvera Espinosa
Edad: 55 años
Cargo: Notario encargado 37 del cantón Guayaquil
Otorgó uniones de hecho “en base a testimonios y declaraciones falsas”, según la Secretaría Nacional de Transparencia. Además, se denunció que el notario no observó el tiempo de residencia que los cubanos debían tener en el país, que es de dos años, según el art. 223 del Código Civil. El Consejo de la Judicatura lo separó de sus funciones en septiembre.
Marcos Díaz Casquete
Edad: 67 años
Cargo: Notario titular 21 del cantón Guayaquil
Al igual que Olvera, fue acusado de celebrar escrituras públicas “a sabiendas de que se cometían falsedades, tanto en testimonio como en las declaraciones juramentadas”. Fue el único al que se le dictó arresto domiciliario, por su edad. En septiembre, la Judicatura lo sancionó con 90 días de suspensión y abrió un expediente administrativo.
