QUITO
.- Cuando ha pasado un mes de la insubordinación de la Policía, 21 de sus miembros están detenidos en la Cárcel Nº 4 por los delitos de rebelión y por atentar contra la seguridad del Estado y la vida del presidente Rafael Correa.

Además el mayor del Ejército en servicio pasivo Fidel Araujo, cercano a SP, también está recluido en el Penal, acusado de participar en la revuelta.

La institución policial lleva la peor parte: la cúpula fue removida de inmediato, cinco general pidieron la baja de manera voluntaria y al menos ocho policías no aparecen desde el 30 de septiembre (30-S).

En las Fuerzas Armadas, que ese día manifestaron su respaldo a Correa, solo el personal de tropa ha sido sancionado. Oficialmente, el Ejército informó de siete militares "arrestados"; es decir, con sanciones de tipo administrativo y disciplinario. Ninguno está en una celda.

Fuentes castrenses informaron que en la Fuerza Aérea (FAE) hay varios sancionados, sin embargo, los militares no han confirmado esa versión.

Hasta ahora la investigación de los hechos ocurridos el 30-S está en manos de la Fiscalía y de los órganos internos de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

La Asamblea Nacional -que tenía la facultad legal de pedir explicaciones a los ministros y otros funcionarios públicos- se acogió al discurso elaborado desde el Ejecutivo, de que hubo un intento de golpe de Estado, y resolvió no ahondar en este tema.

Mientras los procesos se llevan a cabo en la Fiscalía, la Presidencia de la República aceleró su maquinaria de propaganda. Por un lado, abrió las puertas a entrevistas con la prensa extranjera, con el fin de posicionar su versión de que hubo una intentona golpista orquestada por Sociedad Patriótica y de que los policías quisieron asesinar a Rafael Correa.

La Cancillería movió sus fichas para lograr el apoyo inmediato de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y de otros países, como Estados Unidos.

El mismo objetivo se persiguió desde Carondelet con las cadenas nacionales y la utilización de los espacios informativos de los medios gubernamentales, públicos e incautados, todos con tendencia oficialista.

Según Correa, las encuestas son una muestra de que la gente le cree, pues tiene un apoyo de más del 70%.

A un mes de la insubordinación policial, la escasa información oficial sostiene que hubo 5 muertos y 274 heridos. Sin embargo, la Fiscalía investiga varias denuncias de más fallecidos en todo el país.

Además, están pendientes los informes definitivos que revelen qué tipos de bala se encontraron en los cuerpos, pues eso puede permitir que se descubra quién disparó a quién. Por ahora, los informes preliminares son reservados; ocho fiscales serán los encargados de establecer responsabilidades.

5
Muertos
Dejaron los hechos del 30 de septiembre, en Quito.
La cifra oficial de las muertes directamente relacionadas con la insubordinación policial y con el operativo de rescate del presidente de la República, Rafael Correa, es cinco.

Todos estuvieron en los alrededores del Hospital de la Policía Nacional y del Regimiento Quito, instalaciones que están ubicadas al norte de Quito.

En la lista que manejan las autoridades hasta ahora, un mes después de los hechos, se encuentran los soldados Darwin Panchi y Jacinto Cortez Jhayac. Ambos pertenecían a las Fuerzas Armadas.

También fallecieron los policías Efrén Calderón Landeta y Froilán Jiménez.

El quinto muerto fue Juan Pablo Bolaños, estudiante de Economía de la Universidad Central, quien había llegado hasta las inmediaciones del Hospital de la Policía para manifestar su apoyo a Correa.

Las declaraciones de las autoridades del Ministerio del Interior y de otros organismos gubernamentales señalan que hubo francotiradores y que ellos pudieron ser quienes dispararon a los uniformados y al estudiante universitario.

La Fiscalía General del Estado investiga, además, varias denuncias sobre la existencia de otros posibles fallecimientos en el resto del país.

La indagación establecerá las causas de esos decesos, pues podrían estar relacionados, por ejemplo, con la ausencia de policías en las calles, lo que provocó un auge de la delincuencia, especialmente en Guayaquil y otras ciudades de la Costa.

Los fiscales estudiarán las características de las balas encontradas en los cuerpos para determinar su origen.

274
Heridos
Algunos aún se encuentran en recuperación en varias casas de salud.
Según los datos del Ministerio de Salud Pública, la revuelta policial provocó 274 heridos. En Quito se registraron 200; en Guayaquil, 28; y en otras provincias, 46. De acuerdo con esta cartera de Estado, la mayoría de casos está relacionada con impactos de bala, golpes, caídas. Al momento, todos los heridos del 30 de septiembre ya fueron dados de alta y se recuperan progresivamente.

Muchos de ellos sufrieron asfixia por los gases lacrimógenos o fueron atacados por policías que cerraron las vías e impidieron la libre circulación de las personas por las calles o su reunión en espacios públicos.

En Quito, los heridos fueron atendidos principalmente en el Hospital Militar, en el Eugenio Espejo, en el Baca Ortiz (de niños) y el Pablo Arturo Suárez.

Tras un recorrido realizado por este Diario se pudo verificar que varios afectados acuden a sus citas con los médicos para hacer un seguimiento de sus dolencias.

Los pacientes del Hospital de la Policía, donde se registró el tiroteo entre uniformados, acuden a recibir la atención de los especialistas. En esta casa de salud todavía es posible ver algunos impactos de bala en las paredes y ventanas, así como en la puerta principal.

De acuerdo con la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), el 30 de septiembre se registraron más de 30 casos de periodistas -tanto de los medios públicos como de los privados- que fueron agredidos mientras realizaban la cobertura informativa de la insubordinación policial y el rescate del presidente Rafael Correa.

16
Entrevistas
La Presidencia priorizó a la prensa extranjera para difundir su versión de los hechos.
Apenas terminaron los hechos del 30 de septiembre, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República armó una estrategia para posicionar la versión de la Revolución Ciudadana a nivel internacional.

Pese a las críticas vertidas en contra de la prensa durante su Gobierno, el presidente Rafael Correa concedió entrevistas a medios de distintas nacionalidades y posturas ideológicas.

Habló con medios que tienen políticas editoriales distintas. Por ejemplo, con la CNN y con Telesur.

Sus intervenciones siempre apostaron por dejar en claro que en Ecuador hubo un golpe de Estado y que la Policía lo secuestró e intentó asesinarlo.

Además, insistió en que detrás del golpe estuvo el ex presidente Lucio Gutiérrez. También reconoció los errores en el sistema de inteligencia, resaltó el respaldo popular que le revelan las estadísticas.

Correa no ha concedido entrevistas a los medios privados ecuatorianos.

3
Cadenas
La posición del régimen se transmitió en cadenas y espacios oficialistas.
El 30 de septiembre, el régimen ordenó a todos los medios de comunicación radiales y televisivos que se adhirieran a una cadena nacional con el carácter de obligatorio e indefinido.

La matriz de esa cadena fue Ecuador TV, canal de televisión pública controlado por el Gobierno.

En ese enlace, que duró cerca de seis horas, intervinieron en su mayoría funcionarios del régimen que expresaron sus opiniones de respaldo al presidente Rafael Correa. No se permitieron otras versiones y la cadena fue rechazada por la oposición.

Luego, el Ejecutivo realizó otra cadena nacional para difundir las imágenes de las agresiones en contra de Correa y de otros funcionarios de la Revolución Ciudadana.

En la tercera cadena se difundieron los audios de la Radio Patrulla que instigaban a los policías a matar al Jefe de Estado. Ahí, además, se reiteró que detrás del amotinamiento en el Regimiento Quito hubo un plan de desestabilización.

Además de las cadenas, el Gobierno ha utilizado otros espacios en los medios para colocar su versión del 30 de septiembre. Lo ha hecho en los enlaces sabatinos y a través de reportajes y programas especiales transmitidos en los medios públicos y en los incautados.

15
Decretos
A través de esta vía, el Mandatario dio disposiciones a varias instituciones estatales.
A partir de la insubordinación policial del 30 de septiembre, el régimen suscribió 15 decretos ejecutivos relacionados con los sucesos de ese día.

El primero fue el que proclamó el estado de excepción en todo el país.

Una vez que el presidente Rafael Correa salió del Hospital de la Policía, fueron emitidos otros dos decretos que modificaron las condiciones iniciales del estado de excepción que finalmente quedó establecido solo en Quito y por un tiempo de 60 días.

El argumento del régimen fue "la conmoción social que vivió la nación".

Otros ocho decretos ejecutivos corresponden a los cambios en la Policía Nacional.

Uno de ellos es el nombramiento del general Patricio Franco como nuevo comandante de la Policía.

En seis decretos ejecutivos se oficializa la baja de la anterior cúpula policial, liderada por el general Freddy Martínez.

El Ejecutivo en estos días emitió otro decreto para designar al vicealmirante en servicio pasivo Homero Arellano como secretario nacional de Inteligencia, en reemplazo de Francisco Jijón.

Homero Arellano estaba desempeñando las funciones de secretario general de la Vicepresidencia antes de asumir el nuevo cargo.