Después de la sublevación, la Policía trabaja en varios frentes para recuperar la imagen y la confianza ciudadana. Se prevé incluso el asesoramiento de Colombia y Chile. Mientras, se investiga a quienes instigaron a la revuelta.
La imagen de la Policía Nacional, que no estaba en sus mejores niveles antes de la revuelta uniformada del pasado 30 de septiembre, cayó del 30% que registraba hasta el 13 de septiembre, al 22,5%, según una encuesta de la firma Perfiles de Opinión realizada entre el 7 y 8 de octubre.
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A eso de las 11:00 del pasado 30 de septiembre, una decena de delincuentes comienza a rodear el local de Almacenes Jaher de la vía Perimetral, en la Isla Trinitaria.
A esa hora, los medios de comunicación reportan el caos y los actos delincuenciales tras la sublevación de los gendarmes que protestan contra la Ley de Servicio Público. El personal de Jaher decide cerrar las puertas del almacén y asustados intentan huir, pero ya es tarde. Una multitud descontrolada llega al local con armas de fuego, cuchillos, combos. Destrozan vidrios, destruyen puertas y se abalanzan sobre todo lo que encuentran. Del local con electrodomésticos no queda nada. Las pérdidas superan los $ 90 mil, calcula Darwin Franco, administrador de Jaher.
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Los asaltos y saqueos también van en cadena en otros locales comerciales, tiendas y pequeños negocios en zonas como el suburbio. En ese sector, María Quinde sufre golpes en su intento de detener a una masa de gente que ingresa a su farmacia y se lleva la mercadería valorada en unos $ 30 mil.
Más de $ 4,7 millones en pérdidas dejan los saqueos a locales comerciales y 9 asesinatos por delitos, según cifras de la Gobernación del Guayas, provincia donde se produce la mayor cantidad de desmanes como consecuencia de la revuelta originada en la mañana de ese día en el Regimiento Quito Nº 1 (RQ Nº 1).
“Mal hecho que hayan hecho la protesta, aquí bien podían matar y no había un policía, llamamos al 101 y nada”, expresa con coraje Gladys Ávila, una mujer que vende plátano asado con queso en el suburbio.
Las quejas de los afectados que apuntan a los gendarmes como responsables de los daños se traducen en un deterioro de la imagen de la Policía. Según una encuesta de la firma Perfiles de Opinión realizada entre el 7 y 8 de octubre pasado, la confianza institucional cae del 30% registrada hasta el 13 de septiembre al 22,5%. Mientras, un sondeo de Cedatos apunta a que el 87% de los ecuatorianos desaprueba la medida policial.
El bajón se da en un momento en el que la institución recuperaba esa imagen respecto de años anteriores. En el 2009, por ejemplo, el nivel de credibilidad subió al 28,1% del 16,5% que tenía en el 2007, según Perfiles de Opinión.
El presidente Rafael Correa, quien fue vejado por los policías en el RQ Nº 1, se suma como uno de los acérrimos críticos contra los insubordinados a quienes llamó “criminales” para quienes no habrá “perdón ni olvido” , según dijo en su enlace semanal del pasado 2 de octubre. No obstante, en la del sábado pasado habló de un posible indulto.
“Podría haber un indulto... porque indulto sí es perdonar el delito, amnistía significa olvidar lo que pasó, viene de amnesia”, dijo Correa.
Entre las autoridades policiales las disculpas no cesan. “Lo lamento de corazón... No debió haber pasado nunca”, expresa el jefe del Cuarto Distrito de la Policía del Guayas, Joel Loaiza.
Pero no es suficiente. La imagen deteriorada de la Policía ha preocupado tanto a las autoridades que se trabaja en varios frentes para superar la crisis institucional tras la sublevación. Uno de ellos es a nivel operativo y se enfoca a acentuar la presencia de gendarmes en las calles.
El otro frente es el de comunicación, desplegado mediante estrategias, una de ellas dirigida al personal policial, que incluye charlas de motivación e información sobre la situación salarial de los uniformados, que se dictan especialmente desde las jefaturas de los comandos provinciales y de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC).
Para el efecto, la institución policial ha creado el departamento de Comunicaciones Estratégicas y Asuntos Internacionales, dirigido por Lino Proaño, que actuará también como enlace entre la cúpula policial y el personal de tropa.
En recorridos realizados por este Diario, en varias UPC de Quito se constata que una de las primeras disposiciones dadas por las autoridades policiales es el refuerzo del patrullaje. Alexandra Salcedo, jefa de la zona Iñaquito (norte de la capital), donde trabajan 32 uniformados, dice que los primeros días que siguieron a la sublevación policial fueron muy difíciles por las reacciones de la ciudadanía en contra de los uniformados.
Los jefes de algunos UPC comentan que una acción paralela ha sido la motivación al personal. En Guayas, por ejemplo, Loaiza destaca, entre los proyectos sociales para los policías, el plan habitacional que se inauguró el pasado 15 de octubre.
Estas tácticas, que también se coordinan mediante el departamento de Comunicaciones Estratégicas, se replicarán en el resto de provincias. En Guayas aún no hay fecha, porque aún no se aprueba el cronograma para los distritos, según Proaño.
La Ley de Servicio Público es otro puntal que se afianzará, porque los hechos del 30-S se dieron “por un desconocimiento de los uniformados”.
Loaiza refiere que se ha dispuesto reforzar el trabajo de la Policía Comunitaria y los vínculos con la comunidad como parte de los esfuerzos para recuperar la credibilidad de la Policía.
Una de las vías es bajar “lo más posible” los índices delictivos hasta diciembre próximo. Delitos como sicariato, secuestro express o sacapintas serán abordados bajo estrategias que apuntan a ser efectivos en la recolección de información, dice.
En esta tarea también están los comandos en otras provincias, aunque en ocasiones sin el resultado esperado. En Quevedo, el oficial Julio Camacho comenta que mientras participaban en una minga para limpiar un parque considerado zona roja, algunos habitantes les llamaron “chapas vagos”.
Un policía que prefiere no identificarse asegura que ellos tienen como consigna hablar con la comunidad y ofrecer disculpas para restablecer la imagen institucional.
En Ambato, además de charlas informativas sobre el contenido de la Ley de Servicio Público, se trabaja para ampliar el número de brigadas barriales de las 15 existentes a 40 hasta noviembre próximo.
Mientras, en Azuay se apuesta por el plan de carpas policiales. El gobernador Leonardo Berrezueta insiste en que es “una acción para recobrar la confianza de la gente; en Manabí, la meta divulgada en los cuarteles es la misma y se trabaja en aumentar los patrullajes y el número de policías en los UPC. En Santo Domingo, gendarmes de 48 UPC trabajan con 800 voluntarios de las brigadas barriales en temas de seguridad.
Las estrategias para recuperar la imagen policial apuntan más lejos y para ello se prevé asesoramiento internacional en la Policía de Colombia y los Carabineros de Chile.
Proaño refiere que la Policía colombiana tiene un departamento de Comunicaciones Estratégicas mediante el cual maneja cuatro canales de televisión y casi 30 emisoras a nivel nacional. Aclara que para la Policía ecuatoriana es muy difícil aspirar a contar con esa infraestructura de comunicación por razones de presupuesto, por lo que le interesa conocer las estrategias y las estructuras de funcionamiento en los dos países.
Además, para la estrategia de posicionamiento de la imagen de la Policía ante la ciudadanía se buscará asesoramiento de empresas especializadas. La contratación se hará en el menor plazo posible, luego de que el Comandante General apruebe la propuesta, asegura.
Como un objetivo de mediano plazo está la reorientación de la radio Vigía, cuyo eslogan es “La voz de la Policía Nacional”, que funciona desde 1982.
Pero líderes barriales dicen que recuperar la imagen no solo es acercarse a la comunidad, sino también mejorar las condiciones de trabajo de los policías para combatir la delincuencia. Ricardo Mina, dirigente del sector Nigeria, en la isla Trinitaria, se queja porque en el puesto policial de esa zona no hay equipos de radio y solo existe un policía que se ve obligado a cerrar el lugar para salir de patrullaje.
Perjudicados. Saqueo y vandalismo
María Quinde
Dueña de farmacia
“La policía debería tomar otras medidas, porque los más afectados del 30-S somos los pequeños empresarios”.
Darwin Franco
Administrador de almacén
“Para protestar hay muchas formas, sin descuidar la seguridad ni dejar en total abandono a la ciudad”.
Rosa Llangarí
Propietaria de bazar
“La falta de policías nos arruinó bastante, no debían habernos abandonado y dejarnos en manos de los delincuentes”.