El jueves pasado, la mayoría gobiernista consiguió que la Asamblea Nacional ratifique la versión de que los acontecimientos del 30 de septiembre fueron un intento de golpe de Estado. Lo sorprendente es que esos mismos asambleístas se negaron a iniciar una investigación a fondo.
Se limitaron a exhortar a la Fiscalía para que asuma esa tarea (innecesariamente, pues el Ministerio Fiscal ya está en eso desde hace varios días).
En otras palabras, los asambleístas de mayoría no quieren saber quiénes le pidieron al Vicepresidente de la República que asumiera el poder y cómo pensaban beneficiarse con eso. Tampoco, cómo hicieron el Canciller, el Ministro del Interior y otros funcionarios públicos para burlar a los supuestos secuestradores del Presidente y reunirse con él. Menos aún, cuántas víctimas (de uniformados y civiles) se había estimado al momento de ordenar la incursión militar en el Hospital de la Policía. Y menos todavía, quién ordenó que se sepultaran tantos cadáveres sin la correspondiente autopsia.
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Son preguntas que podrían quedar sin respuesta por esta nueva negativa de la Asamblea Nacional a asumir su obligación política de fiscalizar.
