Bandas delictivas que mantienen pugnas por el control de la distribución de droga o del sicariato multiplican las muertes entre sus miembros o sus enemigos.

Cuatro bandas: la del Cubano, los Quevedo, Los Rusos y desde este año Los Choneros, mantienen una guerra por distribuir droga, que ha dejado más de 100 víctimas en la ciudad; al menos 70 de ellas eran delincuentes.

Delincuentes con hasta 17 procesos judiciales, como Vidal Cedeño Acosta (a) Pichi, quien en el 2006 fue captado por este Diario en un asalto tipo sacapintas y fue sentenciado a seis años, pero solo cumplió tres por “buena conducta”, integran las bandas que disputan la distribución de drogas en Guayaquil.

La creciente ola de sicariatos que se cometen indistintamente en los sitios públicos o privados frente a la ciudadanía es atribuida a estos grupos, guerra que ha dejado  al menos a 70 delincuentes muertos y más de 30 víctimas colaterales, según la Policía Nacional y Fiscalía.

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En la Unidad del Crimen Organizado y Sicariato, los fiscales indican que se investigan unos 40 casos que involucran a cerca de 10 grupos.

Una balacera interrumpe la merienda de varios clientes que a las 19:30 del 14 de septiembre pasado estaban en el restaurante La Nana, en Camilo Destruge entre Chimborazo y Coronel, en el sur.

Según testigos, Vidal Antonio Cedeño Acosta, alias Pichi, se baja de un taxi y asesta 23 tiros a Luis Espinoza Villamar, alias Coyote, miembro de la banda de Los Cubanos, quien muere poco después en la clínica Alcívar.

Espinoza se había servido un arroz con menestra en La Nana junto a un grupo de más de diez personas y fue interceptado por Pichi cuando acompañaba a tomar un taxi afuera del comedor a un familiar de los jefes de la banda Los Cubanos, William y Walter Poveda Salazar, conocidos con los alias de Cubano y Caimán, respectivamente.

Cedeño Acosta, ahora integrante de la temible banda manabita Los Choneros, que también opera en Guayaquil, fue parte de Los Cubanos hasta el crimen de uno de sus miembros, Kléber Poveda Salazar, alias Metralla, en diciembre del 2009.

El asesinato de Kléber Poveda, presuntamente ordenado por sus propios hermanos, distancia a Cedeño de los Poveda y a la vez desata un constante enfrentamiento por el territorio de la venta de drogas en Guayaquil.

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La creciente ola de sicariatos, que se cometen indistintamente en los sitios públicos o privados frente a la ciudadanía, es atribuida a estos grupos, guerra que dejado al menos a 70 delincuentes muertos y más de 30 víctimas colaterales, según la Fiscalía.

Cuatro días antes de que cayera Espinoza, alrededor de las 21:30 del pasado 11 de septiembre, un grupo de mujeres ingresó a la Emergencia del hospital Teodoro Maldonado, con una herida identificada como Katty Mite Arroyo, quien había recibido una bala en el corazón.

Cuando los médicos se disponían a darle los primeros auxilios, las mujeres interrumpen la labor y sacan paquetes de droga y billetes de 10 y 20 dólares que estaban ocultos en el sostén de la víctima que ya había fallecido.

En la cooperativa Primero de Mayo, en el Guasmo norte, donde fue baleada, los vecinos evitan dar detalles del hecho “para no comprometerse”, dicen.

Pero se conoció que Mite conversaba con otras mujeres al pie de la casa donde vivía, hoy abandonada, cuando dos motorizados se acercaron y le dispararon. En la denuncia presentada en la Fiscalía por Mariuxi Mite Arroyo, hermana de la fallecida, se identifica como autores del crimen a Cedeño Acosta y a Allan Junior Castro Medina, alias Pupilo, este último miembro de la banda de un sujeto al que se conoce como Esteban.

Fuentes de la Policía manejan la hipótesis de que el atentado estaba dirigido a una hermana de Mite y a su sobrino, ambos cercanos al Cubano.

También se conoce que en el sitio opera la banda de Esteban. Dos hermanos, apodados Negro y Junior, serían los encargados de la comercialización de droga. A ellos se les atribuye un crimen en el mismo sector, y otros tres ocurridos en las cooperativas Chicago, Primero de Mayo y en la estación de la 76, que está ubicada en el Guasmo sur.

“La violencia es por la pelea de plazas para la venta de droga, las órdenes las dan los Poveda desde la cárcel”, dice un policía.

En la Unidad del Crimen Organizado y Sicariato, el fiscal Julio Vacacela refiere que investigan al menos 40 casos que involucran a unos diez grupos que operan en la ciudad, la mayoría cometen asesinatos y tienen relación con el narcotráfico.

Mientras que en la Corte Provincial del Guayas decenas de juicios se acumulan en contra de los líderes de bandas de narcotraficantes, principalmente los del Cubano, Los Choneros y Los Rusos, quienes libran una guerra por el control del territorio para el expendio de droga en Guayaquil y Manabí, conflicto que comenzó a fines del 2004.

En la Fiscalía, William Poveda Salazar, uno de los líderes de Los Cubanos, es uno de los delincuentes con mayor pasado judicial (doce causas). Darwin Arturo Ronquillo Naranjo, alias Ruso y jefe de la banda de Los Rusos, tiene seis detenciones en su ficha delictiva: por extorsión, robo y tenencia ilegal de armas.

Los Ronquillo aparecen involucrados en varios crímenes con los hermanos Poveda, ya que pertenecían a la banda de los Quevedo, al igual que Pichi.

Entre los Quevedo y la banda del Cubano le quitaron fuerza a los Trejo, que habían liderado el negocio de la droga con los Trejo Estrada y Trejo González a la cabeza, el último en caer fue Emilio Trejo Cotera, quien murió en febrero del 2009 tras ser baleado por gente del Cubano en el Cristo del Consuelo.

Entre esos enfrentamientos fueron surgiendo disputas por el liderazgo, de las que emergieron Los Rusos y la banda del Cubano, a quienes se responsabiliza de extorsión, intimidación y venta de droga en la Penitenciaría del Litoral, de donde han sido trasladados 73 internos a La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. Según los reos, ese traspaso ha reducido la violencia en las últimas semanas.

Uno de Los Rusos, Jorge Ronquillo Naranjo, fue asesinado en febrero pasado por Stalin Espinoza Muñoz, alias Pibe, integrante de la banda del Cubano.

Según fuentes de la Corte, la banda de Poveda trabaja a las órdenes de un narcotraficante ecuatoriano con vínculos internacionales, quien purga una condena en La Roca y se habría aliado cuando los líderes estuvieron detenidos en Quito.

José Santos Bermello, alias Compa Santos, líder de Los Choneros cumple prisión en la cárcel de Santo Domingo y registra 16 detenciones en Manabí.

Otros miembros de esas bandas, que en ocasiones también ejercen liderazgo, registran similares cantidades de causas judiciales en las oficinas fiscales.

Walter Poveda cumple 25 años de reclusión por la muerte de la directora de la Penitenciaría, Soledad Rodríguez León.

La fiscal Gladys Murillo, quien maneja tres procesos que tienen en común la guerra entre estas tres bandas en Guayaquil, cree que cada investigación debe hacerse de manera independiente. El conflicto entre los grupos del Cubano, Los Choneros y Los Rusos lo tratan 15 fiscales de la Unidad de Delitos Contra la Vida.

En algunos de estos casos, como el de la muerte de Jorge Ronquillo, los informes de la Policía no aportan a la investigación. “Que nadie sabe nada, que nadie ha visto nada”, señala el escrito que lee Murillo.

A esto se suma el ingreso y salida de la cárcel de los acusados. El 20 de abril del 2009, el Departamento de Diagnóstico de la Penitenciaría del Litoral benefició a Cedeño Acosta con el 50% de rebaja de una condena de seis años que cumplía por un robo tipo sacapintas, ocurrido el 31 de marzo del 2006, hecho que fue captado por este Diario.

El artículo 32 del Código de Ejecución de Penas indica: Los internos sentenciados y aquellos sin sentencia, que durante el tiempo de su condena o internamiento observaren buena conducta y demostraren interés por su rehabilitación, obtendrán reducciones automáticas de dicha condena, hasta por ciento ochenta (180) días por cada quinquenio contados desde su ingreso... Sin embargo, a Pichi le dieron 1.080 días, una reducción del 50%, aplicando la resolución de la rebaja de penas por méritos que entró en vigencia el 22 de julio del 2008, pese a que fue sentenciado en el 2006.

“Cuando Pichi estuvo la última vez aquí (del 8 de mayo del 2009 al 26 de mayo del 2010), apareció otra vez sobre mi escritorio una solicitud de rebaja de penas con unas excelentes calificaciones en esos cursos y se la rechacé. Él debía cumplir el año de sentencia por robo, que le impuso el IV Tribunal Penal del Guayas, y no tenía por qué buscar rebaja de pena”, comenta el hoy director Édgar Escobar.

Para favorecerlo tampoco se cumplió con el artículo 33 del mismo Código, que indica: Las rebajas referidas en el artículo precedente las concederá el Director Nacional de Rehabilitación Social, en forma obligatoria y automática. Pero por sus manos no pasaban los escritos de esas decisiones, sino que “Diagnóstico mandaba al director, este firmaba y enviaba a los tribunales penales; por eso ahora (hace no más de 15 días), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos creó una comisión técnica única que tendrá sede en Quito y que se encargará de analizar todos los casos antes de otorgar los beneficios de rebaja de penas”, dice Escobar, para quien Pichi y otros cientos de internos fueron beneficiados “por la corrupción”. Denuncia que se cobraba desde $ 300 por otorgar rebajas, no obstante, reconoce que muchos eran favorecidos por la presión de las mafias lideradas por los hermanos Poveda Salazar y sus sucesores.

El sociólogo Lautaro Ojeda, ex subsecretario de Seguridad Ciudadana y autor del libro Violencia, delincuencia e inseguridad en el Ecuador, investigación a nivel nacional sobre sicariato y crimen organizado, advierte que las organizaciones de narcotraficantes se infiltran fácilmente en estamentos públicos y privados debido a que manejan grandes cantidades de dinero.

Anota además que en Guayaquil parece haber condiciones para germinar estos grupos delictivos que mueven droga.

Hugo Acero, colombiano experto en seguridad internacional de Naciones Unidas, asegura que para enfrentar estas mafias se requiere de la voluntad política del Gobierno y que la Policía se especialice en investigación criminal e inteligencia.

Además, dice que Policía, Fiscalía, Corte, Fuerzas Armadas y Dirección de Rehabilitación Social deben trabajar coordinadamente para evitar que se siga delinquiendo desde las cárceles.

Para Acero, alcaldes y gobernadores también deben, a partir del conocimiento de su realidad, emprender acciones antidelictivas en las que se tiene que involucrar a los ciudadanos y las comunidades para mejorar la seguridad y la convivencia.