Antonio Rodríguez Jaramillo fue nombrado hace una semana director del Instituto Nacional de Desarrollo en reemplazo de Manuel Solano. La entidad deberá desaparecer en noviembre y pasar sus competencias a la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, que también está a su cargo.
¿Qué lo impulsa a hacer estas reformas para redistribuir la tierra?
Este es uno de los países más inequitativos. El 6% de los propietarios tiene el 60% de la cantidad de tierra. Hay empresas agrícolas que no pueden ser topadas (que son parte de la soberanía alimentaria), pero hay una cantidad de predios que están subexplotados en donde debe haber cambios: deben pasar a manos del Estado.
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El anteproyecto de Ley de Sipae pone un límite de 500 hectáreas para no ser un concentrador de tierra. ¿Concuerda con esto?
Ese es un tema que está en discusión. (Actualmente) hacemos un catastro de propiedades mayores a las 500 hectáreas, pero en el sentido de ubicar propiedades que no están siendo socialmente ni ambientalmente sustentables. Pero eso está aún en discusión.
¿Cómo se garantizará a través de esta ley la propiedad privada?
De hecho la ley garantizará la propiedad en todas sus dimensiones. El tema es cómo asegurar que cumplan la función social y ambiental: hacia eso sí va la ley. El tema de extensión debe ser debatido a nivel nacional porque la nueva Constitución prohíbe el latifundio. El tema es establecer cuál es la extensión que se considere latifundio. Sobre eso hay varias propuestas.
¿Y con esa delimitación empezará la expropiación de tierras?
Por el momento no se va hablar de eso todavía.