QUITO
.- El Servicio de Rentas Internas (SRI) detectó que unas 396 empresas del país han dejado de pagar $ 260 millones de utilidades, en tres años.
Así lo denunció ayer, Carlos Marx Carrasco, director del SRI, en rueda de prensa. Según el funcionario, tras varios procesos determinativos (auditorías tributarias), el SRI ha descubierto que por lo menos 1.196 empresas han dejado de pagar unos $ 1.431 millones en impuestos, de diversa índole.
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Pero además detectó que al no haber declarado un importante monto en Impuesto a la Renta, también dejaron de pagar a sus trabajadores el 15% de las utilidades.
Ayer, Carrasco aseguró que existe un total de 396 empresas auditadas que han registrado irregularidades en el pago a los trabajadores con respecto a las utilidades. De estas, 165 tienen procesos en firme y deben proceder al pago.
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Este proceso será monitoreado por el Ministerio de Relaciones Laborales.
Existen otros 205 contribuyentes que han impugnado el acto determinativo y pueden presentar un recurso de revisión.
Entre las empresas que tienen las deudas en firme están la petrolera Perenco con $ 35 millones pendientes de pago por participación laboral; la telefónica Otecel (Movistar) con $ 3,1 millones; Unitex con $ 1 millón.
Otecel informó ayer, a través de una comunicación escrita, que "no conoce el origen de la mención realizada por el Servicio de Rentas, pues de acuerdo con las auditorías realizadas por dicha entidad, al momento no mantiene ninguna deuda tributaria pendiente de pago". Otecel, agregó el comunicado, solicitará la información correspondiente al SRI.
Adicionalmente, entre las empresas que han impugnado la decisión del SRI, es decir que su deuda aún no está en firme, están Exportadora Bananera Noboa con $ 33,9 millones; Andes Petroleum con $ 41 millones; además Conecel (celular Porta) con $ 39 millones y Oxy con $ 19 millones.
A esta lista también se adicionan Banco Pichincha y la empresa Sinopec.
Además, Carrasco explicó que de los 1.196 casos que se han detectado que no pagaron la totalidad de impuestos, el 40% se encuentra en sede judicial, es decir en tribunales distritales fiscales, e incluso en la Corte Constitucional. Mientras, el 60% está en fase de reclamo o fase de revisión.
En este sentido, aún podrían pasar algunos años para que el fisco pueda hacer uso de estos recursos, señaló el funcionario.