El relator de la ONU, Philip Alston, presentó en nueve páginas el resumen del resultado de su visita al Ecuador y que desde hoy lo transcribimos textualmente.

Por invitación del Gobierno de Ecuador visité este país del 5 al 15 de julio del 2010 con el fin de investigar asuntos relacionados con ejecuciones extrajudiciales. Estuve en Quito (Pichincha), Lago Agrio (Sucumbíos) y Guayaquil (Guayas).

El panorama general que emergió de mi misión es mixto. El gobierno del presidente Rafael Correa ha emprendido reformas de largo alcance en términos de renovación constitucional, protección de derechos humanos, reforma de instituciones claves, expansión del gasto en el sector judicial, reforma a prisiones y una variedad de iniciativas sociales y económicas enfocadas a mejorar la situación de los más desaventajados. El compromiso del gobierno por un sistema de justicia ampliamente mejorado parece claro. Al mismo tiempo, sin embargo, la inseguridad ciudadana va en incremento, la tasa de homicidios crece y la impunidad ha alcanzado niveles impresionantes. Problemas tales como el aumento del sicariato, el linchamiento por parte de turbas al margen de la ley, el incremento de la actividad criminal relacionada con las drogas y otras formas de crimen organizado, la inseguridad y los asesinatos a gran escala en la frontera con Colombia, y la intimidación y asesinato de defensores de derechos humanos están todos agravados por un sistema de justicia penal ampliamente disfuncional.

Este sistema consiste en un servicio policial que en escasas ocasiones realiza una investigación seria y sustanciada de los homicidios; un servicio de investigación fiscal que parece más preocupado por las relaciones públicas que por la condena de los autores de graves crímenes y un sistema judicial que ha sido condenado casi de manera generalizada por su ineficiencia y mala gestión. Estos problemas se ven agravados por alegaciones de corrupción en la mayoría de niveles.

El problema de impunidad y el papel de la Comisión de la Verdad
La tasa de homicidios en Ecuador se ha duplicado en los últimos 20 años. En 1990 era de 10,3 homicidios por cada 100.000 habitantes; en 2009 alcanzó 18,7 y los estimados a la fecha para 2010 sugieren un incremento a 20. No obstante, las estimaciones proporcionadas por las autoridades gubernamentales indican que solo el 1,3% de las muertes denunciadas a la policía terminaron efectivamente en una sentencia condenatoria. Y es casi seguro que esta tasa está sobreestimada. Según algunos estimados de inteligencia, la policía en Sucumbíos recibe denuncias de solo uno de cada 3 o 4 homicidios en la provincia. Esto podría llevar la tasa general a un nivel menor al 1% y daría a Ecuador una de las tasas más bajas de condena por muertes que he encontrado en país alguno. El tema de fondo es que hoy en Ecuador la posibilidad de ser condenado(a) por dar muerte a una persona es extraordinariamente baja.

La iniciativa más importante del gobierno para combatir la impunidad del pasado es la Comisión de la Verdad. El 7 de junio del 2010 se hizo público su informe de casi 3.000 páginas sobre abusos de derechos humanos cometidos entre 1984 y 2008, basado en declaraciones de testigos y en sus propias investigaciones. La Comisión tuvo acceso a muchos documentos desclasificados de gran importancia de la policía, el ejército, inteligencia y de gobiernos extranjeros. El informe presenta evidencia de 116 incidentes ilegales, incluyendo 68 ejecuciones extrajudiciales y nombres de 458 supuestos perpetradores.

Si bien el trabajo de la Comisión ha recibido grandes elogios por parte de muchos comentaristas, algunos oficiales retirados y en actividad me informaron que su composición y estructura han minado su independencia e imparcialidad, que no escuchó de forma adecuada a los supuestos perpetradores y que los hallazgos del informe son parcializados, pues no se tomó debida cuenta de las amenazas a la seguridad que Ecuador enfrentaba en tal momento. Otros interlocutores dijeron que el informe se enfocó demasiado en abusos cometidos entre 1984 y 1988 a costa de casos más recientes, incluyendo un gran número de presuntos asesinatos cometidos en Sucumbíos.

Aun cuando puede haber mérito en algunas de estas preocupaciones, el informe brinda un punto de partida de crítica importancia para abordar la impunidad por abusos pasados. El informe no pretende ser un documento judicial y no está diseñado para ofrecer una historia definitiva de los eventos que trata, sin embargo, registra muchas alegaciones serias en considerable detalle y ayuda a sentar las bases para los pasos que se deberán seguir en el futuro. Por tanto, es imperativo que el trabajo de la Comisión sea juzgado no por sus fallas que podrían estar identificadas en su composición o metodología, sino en la sustancia del registro factual que ha generado. Me reuní con muchos testigos y familiares de las víctimas que testificaron ante la Comisión de la Verdad, incluyendo aquellos relacionados con el caso Fybeca y los casos de Luis Fernando García García, Elías López Pita, Carlos Arístide Lara Silva, y David Delgado Galarza. Está claro que muchos de los asesinatos todavía deben ser debidamente investigados y que se deberá adoptar un programa de compensación o reparaciones lo antes posible.

Muertes en la frontera Ecuador-Colombia
Es claro que el conflicto colombiano se ha desbordado hacia Ecuador, según lo mostró mi visita a Sucumbíos. En Esmeraldas y Sucumbíos los ciudadanos están sujetos a presiones y abusos de todos lados, desde grupos armados ilegales (GAI), incluyendo las FARC, ex paramilitares colombianos y narcotraficantes; y también desde las fuerzas de seguridad ecuatorianas y colombianas. Aunque la frontera de Sucumbíos anteriormente se encontraba altamente infiltrada por las FARC, ahora también los ex paramilitares han ingresado al Ecuador en números crecientes durante los últimos seis a ocho meses.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas han incrementado ampliamente su presencia en la frontera desde el ataque aéreo de Colombia a una base de las FARC en Sucumbíos en marzo del 2008. Las personas que viven en las riberas de los ríos San Miguel y Putumayo en Sucumbíos están atrapadas entre las demandas de grupos armados en competencia. En la medida en que las Fuerzas Armadas colombianas han empujado a los GAI hacia áreas remotas, los flujos de refugiados hacia Ecuador también se han incrementado. Los grupos armados ilegales ingresan a Ecuador para obtener comida, bienes y servicios de salud; para traficar drogas y armas; para realizar entrenamientos de combate; y para escapar del conflicto en Colombia. Ellos acosan e intimidan a la población civil y les fuerzan a “cooperar” con la provisión de alimentos, albergue o información. En algunas áreas, ellos imponen impuestos a los artículos vendidos, mantienen la “ley y el orden” (mediante intimidación y violencia) y realizan reclutamiento forzado, incluyendo a menores de edad, así como asesinatos de civiles.

Estos grupos (especialmente los ex paramilitares) también han emprendido una “limpieza social”, que en ocasiones ha estado ligada a sus esfuerzos por controlar rutas claves de transporte. Se me entregaron copias de avisos de limpieza social en los cuales los grupos prometían “matar a las/los trabajadoras/es sexuales y narcotraficantes, ladrones, secuestradores y jóvenes adictos a las drogas”, y pedían al público en general el perdón por cualquier asesinato de “inocentes”. En las últimas cuatro a seis semanas, un estimado de 30 cuerpos (cada uno con signos claros de haber sido torturado) fueron encontrados a lo largo de una carretera principal en Putumayo, Sucumbíos, conocida por los frecuentes robos a buses. La carretera también es una vía importante para tráfico de drogas y armas, y las FARC y los paramilitares han peleado continuamente por su control.

Funcionarios gubernamentales me informaron de tasas impresionantemente altas de asesinatos en algunos pueblos de frontera en Esmeraldas y Sucumbíos, que a veces exceden los 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Las estadísticas policiales indican que estas dos provincias tienen las más altas tasas de homicidios en el país. Muchos interlocutores también mencionaron al pequeño pueblo de Puerto El Carmen, a orillas del río Putumayo, como especialmente peligroso. Durante los últimos años, el pueblo de solo 4.000 habitantes ha sufrido de uno a tres asesinatos por semana. Los interlocutores no se explican por qué no se puede lograr una seguridad básica a pesar de la presencia de la policía, de un gran batallón militar en las cercanías y de la fuerza naval. Aun cuando el número de “instalaciones clandestinas” de GAI descubiertas por las Fuerzas Armadas ha incrementado dramáticamente (18 en 2005, 53 en 2007, y 183 en 2009), el hecho que solo un pequeño número de miembros de GAI hayan muerto o hayan sido detenidos parece difícil de reconciliar con la necesidad de realizar un mayor esfuerzo para proteger a los ciudadanos de la violencia de los GAI.
Continúa mañana...