Las autoridades de la Policía Nacional y de la Fiscalía no compartieron los resultados del informe presentado por el relator de la Organización de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, por considerar que es producto de un análisis externo, no consensuado.

Solo la presidenta de la Comisión de la Verdad, Elsie Monge, indicó que las recomendaciones se ajustan a las reformas que deberá hacer la administración de justicia.

El informe, que confirma la crisis del sistema de justicia y que da cuentas de casos de impunidad en muertes por sicariato y en ejecuciones extrajudiciales, según el fiscal distrital de Pichincha, Marco Freire, y el director de Operaciones de la Policía Nacional, Jaime Vaca, no se ajusta a la realidad de nuestro país.

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Ello, según Vaca, porque no tomó en cuenta los esfuerzos de la Policía Nacional para eliminar el índice delincuencial. “No puede haber impunidad y ustedes conocen que existen más de 46 mil detenciones; pero, cuáles son las sanciones de los jueces”.

“Si bien no se puede decir que estamos en buenas condiciones y que hay que corregir errores, no se puede afirmar que hay complicidad de la Policía en las muertes por supuestos ajustes de cuentas”, indicó.

Paralelamente, Monge culpó a la Fiscalía del retraso registrado en la entrega de los expedientes que preparó la Comisión de la Verdad para sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos de los últimos 25 años.

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Según Monge, la Comisión espera desde hace tres semanas ser recibida por el fiscal general, Washington Pesántez. “Tuvimos una fecha señalada pero fue cancelada... queremos saber quiénes son los fiscales que dicen fueron nombrados para analizar los casos... no es cuestión de trasladar un archivo y que eso se duerma”.

Alston regresó ayer a Estados Unidos y se confirmó que no entregó el informe al presidente Rafael Correa. El Gobierno fue quien invitó a Alston a visitar el país.