EFE -REDACCIÓN
BUENOS AIRES.- El canciller argentino Héctor Timerman intentó ayer minimizar la alerta emitida por la Embajada de su país en Venezuela por la preocupación de empresas afectadas por gestiones paralelas que protagonizó en Caracas un estrecho colaborador del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
El Canciller salió al cruce de informaciones publicadas el fin de semana en medios locales que señalaban que José María Olazagasti, colaborador del ministro Julio De Vido, realizó "gestiones paralelas" a la Embajada argentina en Venezuela para la concreción de operaciones comerciales con ese país.
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Según el diario La Nación, un informe del subsecretario de Integración Americana y Mercosur de la Cancillería argentina, Eduardo Sigal, confirmó que De Vido y su círculo más cercano de colaboradores mantienen operativa una "embajada paralela" en Venezuela. De Vido lo negó el domingo, mediante un comunicado.
El periódico indicó que Sigal presentó recientemente un escrito a Timerman en el que le notificaba los problemas que sufren algunas empresas argentinas por la "actuación irregular" de Olazagasti, a quien se acusa de haber privilegiado a firmas con las que el Gobierno tiene "una mayor sintonía".
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Según Timerman, "no hay nada secreto" en las relaciones con Venezuela y volvió a negar la existencia de "una embajada paralela" en el vínculo comercial con el país caribeño, tal como denuncia la oposición.
"No puede haber embajadas paralelas en tanto y en cuanto no las permito. Y no hubo ningún viaje de ningún funcionario que no haya sido previamente autorizado por el Poder Ejecutivo", aseguró.
Las informaciones fueron divulgadas en medio de la polémica que desató en Argentina la causa judicial que investiga el supuesto pago de sobornos de empresarios argentinos para poder exportar sus productos a Venezuela.
La controversia creció días atrás con la declaración del ex embajador en Caracas, Eduardo Sadous, ante una comisión parlamentaria en la que ratificó sus denuncias sobre la existencia de una "embajada paralela" para el comercio bilateral.
Sadous ya había declarado ante un juez, en abril, que empresarios argentinos que querían hacer negocios con Venezuela debían pagar entre el 15% y 20% en coimas a funcionarios del Ministerio de Planificación de Argentina.
El diplomático sostuvo que fueron los propios empresarios los que le comentaron que les exigieron comisiones para facilitar sus negocios en Venezuela.