Código de la producción sería una salida para retomar diálogo con UE

El Gobierno prepara dos proyectos de ley para facilitar la decisión de reanudar las negociaciones de un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), hasta dentro de 90 días.

Esta información la dio a conocer ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, luego de que las delegaciones de Ecuador y la UE presentaran los informes sobre la evaluación realizada en los últimos tres días, respecto de las disposiciones constitucionales que generan divergencias.

Los proyectos de Código de la Producción, Comercio e Inversiones; y Ley de Economía Popular y Solidaria, así como los cuerpos legales ya existentes sobre Compras Públicas y Empresas Públicas permitirán “concretar estos temas que son sensibles que tienen que ver con servicios, propiedad intelectual y compras públicas”, especificó Patiño.

Según la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, hay elementos del proyecto de Código de la Producción que clarifican “ciertos aspectos que el equipo negociador ha pedido y hay otros que requieren otro tipo de aclaraciones”.

Este código, que ha comenzado a presentarse en Cuenca, Quito y Guayaquil antes de su envío a la Asamblea Nacional, intenta impulsar políticas para el fomento de la inversión, de incentivos y de la seguridad jurídica. De hecho, durante la cita que mantuvo el martes un grupo de empresarios ecuatorianos con la delegación de la UE se transmitió que Ecuador ya tramitaba esta nueva norma.

Es que uno de los temas que preocupa a los europeos es el trato que Ecuador dará a las inversiones y en especial con un nuevo marco constitucional que da prioridad a las inversiones nacionales sobre las extranjeras en sectores estratégicos.

Ayer, Cely indicó que a más tardar en dos semanas se reunirá con el presidente Rafael Correa para analizar las observaciones propuestas por varias instituciones públicas, a fin de remitirlo finalmente el Código a la Asamblea.

En tanto que Gustavo Martín Prada, director político para América Latina de la Comisión Europea, señaló que a pesar de que los tres temas sensibles de la negociación aún no han sido superados y continuarán siendo analizados, no considera que haya algún tema insalvable.

Al hacer una evaluación de los tres días de diálogos, los representantes de ambas partes ratificaron la voluntad política de retomar las negociaciones una vez que se superen las diferencias sin afectar la Constitución ni los objetivos del acuerdo, resaltó Frontini.

El Canciller ecuatoriano anunció que hasta los primeros días de agosto se comunicarán mutuamente las decisiones que tomen tanto la Comisión Europea y Correa.

Además enfatizó que lo importante no es “cuán rápido se retoman las negociaciones, sino cuán rápido se llega a un acuerdo después de ellas”.

Patiño insistió en que lo que se pretende negociar es un acuerdo comercial para el desarrollo que incluya –además de temas comerciales– compras públicas, propiedad intelectual e inversión; un memorándum de entendimiento político relacionado con diálogo político, migración, derechos humanos, democracia en los que hay “el mayor nivel de coincidencia”.

Con esto coincidió Gustavo Martín Prada, quien añadió que el acuerdo pretende ir más allá de la cooperación bilateral que la UE ya tiene con Ecuador en desarrollo social y de pequeñas y medianas economías.

Patiño dijo que los acuerdos alcanzados por el bloque con Perú y Colombia constituyen una referencia que necesariamente deben tener en cuenta.

Las trabas
Propiedad intelectual: Uno de los principales conflictos que se generarían en la negociación con la UE está relacionado con disposiciones que aparecen en tres artículos de la Constitución (322, 402, y 421). Estos articulados están ligados a temáticas que se abordan en el acuerdo: biodiversidad, patentes y datos de prueba, que es la información científica y técnica de nuevos medicamentos que se protege.

Los europeos aspiran a un mayor tiempo de protección de patentes y datos de prueba, lo que supondría que ciertos productos no puedan tener versiones genéricas mientras estén protegidos. Ello se contrapondría con algunos intereses que tiene el Gobierno en materia de salud.

Competencia: La principal dificultad está vinculada a los artículos 313 y 315 de la nueva Carta Magna. La esencia de estos artículos es mantener las estructuras monopólicas y oligopólicas en el sector público, principalmente en las empresas del Estado. Ello restringiría el acceso de inversiones privadas a determinados sectores del Estado.

Acceso agrícola: En esta mesa aún faltan negociar 217 subproductos, entre ellos: banano, azúcar, chocolates, confites, etanol, ron, alcachofas, arroz, limones, jugos de limón y otros. Pero el principal problema está en tres productos: lácteos, carne porcina y trigo.