Con videos, audios y un centenar de partes policiales, la Comisión de Defensa Jurídico-Institucional de la Policía Nacional busca desvanecer las acusaciones del informe de la Comisión de la Verdad, sobre tortura y desaparición que recaen contra varios ex oficiales.
Ayer, el general (r) Édgar Vaca, en representación de la comisión de los ex policías afectados, calificó al informe, presentado el 7 de junio, de sesgado y mentiroso.
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Afirmó que el documento carece de veracidad, competencia e independencia. Aclaró que sus cuatro integrantes (Elsie Monge, monseñor Alberto Luna Tobar, Pedro Restrepo y Julio César Trujillo) no reúnen las condiciones de imparcialidad para conformar la Comisión.
“Cuestionamos la creación de la Comisión de la Verdad, porque se lo hizo para perseguir a políticos, militares, policías, jueces y fiscales que participaron en la investigación de infracciones cometidas en aquella época. También porque cada uno de ellos (los comisionados), de una o de otra forma, tienen relación con los actores o infractores de la ley de esos periodos”, explicó.
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Vaca descartó que haya existido violación de derechos humanos o la orden para las mismas y descalificó las versiones de los supuestos torturados (Juan Cuvi, Édgar Frías, Mireya Cárdenas, entre otros) asegurando que fueron ellos los que participaron en asesinatos, robos o secuestros.
El representante legal de la comisión policial, Marcelo Dueñas, insistió en que el informe carece de eficacia jurídica, de valor probatorio y fundamentación por ser parcializado y políticamente manejado.
“La actuación de la Comisión de la Verdad ratifica el desconocimiento de la jurisdicción y la competencia para investigar hechos prescritos, ya sancionados y otros que no significan delito de ninguna naturaleza”, indicó Dueñas.
Precisó que la Policía tiene una obligación con la sociedad: garantizar la paz y seguridad, sujetándose a las políticas de Estado e impugnó la validez del informe, ya que sus pruebas violan la Constitución, porque a su criterio “no se tomó en cuenta la defensa de quienes aparecen como perpetradores”.
El general (r) de las Fuerzas Armadas, José Gallardo, respaldó la posición de los policías retirados; agregó que el fin del informe de la Comisión de la Verdad es el de implicar y amedrentar a gente que se está oponiendo al régimen.
“El Gobierno comete el error de utilizar el informe en donde se ve que algunos de los individuos que actuaron al margen de la ley, cometiendo crímenes o siendo cómplices, ahora son parte del régimen”, aseveró.