5 acusaciones cercan a un desafiante y polémico Fiscal

Escúchenme bien, escúchenme bien! En 27 meses hemos creado 53 nuevas fiscalías; quiere decir que cantones que ni siquiera tienen un Fiscal, hoy lo tienen... Eso no ha ocurrido jamás en la historia del país. Tenemos 51 edificios propios, eso sí es revolucionario”. El discurso es retador y el fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, lo proclama eufórico durante la inauguración de la Fiscalía número 56, al mediodía del pasado viernes en la ciudadela Las Terrazas, al sur de Guayaquil.

La intervención está plagada de alabanzas a la gestión de 27 meses, de cuestionamientos a los jueces, críticas a la prensa y, sobre todo, a los cuatro legisladores que promueven el llamamiento a juicio político. “Ahora piden la cabeza del Fiscal. ¡Cualquier cosa, pero menos mi cabeza!”, sentencia.

Tras esos 27 meses de gestión, la ‘cabeza’ de Pesántez está en juego con el planteamiento de llamamiento a juicio político impulsado por un sector del bloque de PAIS, liderado por la asambleísta María Paula Romo y que hasta el momento cuenta con 33 firmas de respaldo. La interpelación a la que se suman Virgilio Hernández, Paco Velasco, Rosana Alvarado, entre otros legisladores, ha movido los cimientos y ha provocado división entre los asambleístas de PAIS.

Son cinco las acusaciones que sustentan los interpelantes para el juicio: la falta de probidad y actuación imparcial en el caso de la muerte de Natalia Emme; el incumplimiento de funciones y responsabilidades específicas dentro de la etapa preprocesal y procesal penal de las personas que tienen fuero, y la conducción de las políticas generales de la Fiscalía para lograr sanciones justas e impedir la impunidad. La violación de normas legales y constitucionales en relación con la selección de los funcionarios de la Fiscalía; el diseño y reforma de reglamentos y la estructura interna de la Fiscalía con el objeto de favorecer a determinadas personas; y la quinta, la organización de la estructura de la Fiscalía según intereses personales.

Pero esas acusaciones no inmutan a Pesántez, quien denota orgullo por lo que dice haber logrado para la Fiscalía.

En su hoja de vida constan seis títulos académicos, que van desde un diplomado en Mecanismos de Lucha contra la Corrupción hasta un masterado en Criminología en Lovaina, Bélgica, donde estudió con el presidente Rafael Correa.

La trayectoria de Pesántez se inicia en 1986, como abogado en libre ejercicio, con clientes como la petrolera Techint. Entra a la arena pública en 1997, como conjuez de la Corte Superior de Justicia. En 1999 ingresa a la Fiscalía de Pichincha.

Lo que no consta en su hoja de vida es que fue parte de la institución policial por casi siete años (1992 y 1999) donde fue profesor de Criminalística.

En medio de la polémica por el posible juicio, Pesántez no está solo y ha recibido el apoyo desde sus colaboradores hasta del presidente Rafael Correa.

Pesántez, uno de los hombres más cercanos a Correa y nombrado Fiscal General de la Nación por la Asamblea en Montecristi, en noviembre del 2007, tiene en el Primer Mandatario su mayor respaldo.

Esa cercanía con Correa la ha hecho pública en varias ocasiones. “Soy amigo del Gobierno y del Presidente de la República, y por principio no negaré esa amistad, que me compromete a ser más severo en los casos que investigo”, había dicho en diciembre de 2009, tras el viaje a Bélgica en el cual acompañó a Correa.

El espaldarazo de Correa lo recibió en el enlace radial de la semana pasada, donde el Mandatario fue severo y desafió a los interpelantes a despojarse de la inmunidad para continuar el juicio al funcionario.

Como en el discurso del pasado viernes, Pesántez apela a las estadísticas como la muestra de su eficiencia y habla de la apertura de oficinas, el incremento de fiscales y la honestidad con la que actúan...

Argumenta que en 27 meses de gestión ha viajado seis veces, todas con invitaciones y todo gratis. “A mí me corresponde cobrar los viáticos y he dicho no... ¿Saben cuánto he gastado? 2.316 dólares”, dice a los invitados a la inauguración de la oficina, que casi en su totalidad es personal de la Fiscalía del Guayas.

No obstante, según la información publicada en el sitio web del Ministerio Público, en la página de Transparencia, en el ítem correspondiente a los viáticos, en el 2008 Pesántez viajó en ocho ocasiones al exterior y recibió los $ 2.316 que indica, por dos de esos viajes. Pero también cobró valores por 14.005 dólares por gastos de representación. Mientras que en el 2009, por un viaje a Rumania e Italia, recibió 2.196,25 dólares también por esos gastos, rubro para el cual, según la distribución del presupuesto de la Fiscalía General del Estado del 2009, corresponden 2’033.204 dólares

La información de Transparencia del Ministerio Público contradice también la afirmación del Fiscal General, de que en sus 27 meses de gestión se han hecho reformas, entre ellas el recorte de beneficios salariales del personal. Según la distribución de presupuesto, por ejemplo, para bonificación por responsabilidad se asignan 2’800.00 dólares, mientras que para sobresueldos y bonificaciones adicionales, 11 millones de dólares.

De $ 42’220.926 del presupuesto asignado al Ministerio Público en el 2007, se incrementó a $ 78’175.766 proyectado para el 2009, según el informe de rendición de cuentas.

De eso se jacta Pesántez y no se cansa de agradecer al gobierno de Correa porque con ese presupuesto ha logrado adquirir edificios para las fiscalías, lo que ha originado una gira del funcionario para inaugurarlas en diferentes cantones del país.

Esas adquisiciones también son parte de los cuestionamientos. A fines del 2008, por ejemplo, la Fiscalía adquirió un edificio de tres plantas en el sur de Tena, a un costo de $ 636.959,57. Dos abogados residentes en dicha ciudad y que piden la reserva de su identidad señalan que llama la atención que la adquisición se la hizo a una funcionaria de la Fiscalía de Napo.

Se trata de Sandra Rueda Camacho, actual secretaria de fiscales de esa dependencia, quien junto a su esposo, Jorge Ruiz Patiño, vendió la edificación, de 1.353, 98 m², construida sobre un terreno de 915 m².

Este edificio es uno de los 32 inmuebles que compró la Fiscalía entre 2008 y 2009, con una inversión de 19 millones 700 mil dólares, entre ellos aquel donde funcionaba la Embajada de EE.UU. en Quito, por $ 4,5 millones.

El fiscal provincial de Napo, Guillermo Moreno, hermano del vicepresidente de la República, Lenin Moreno, dice que la ley no indica prohibición de que se adquiera un inmueble si la vendedora es funcionaria del organismo. Indica que Rueda no tiene un cargo administrativo.

No obstante, Pesántez sigue inaugurando oficinas y buscando espacio entre las comunidades que visita. Su discurso ha logrado crear un círculo político y social de defensa con la Confederación de Juntas de Defensa Campesina del Ecuador, liderada por Raúl Vayas Villacrés.

El presidente de la Confederación que, según Vayas, agrupa a 700 organizaciones de catorce provincias, llegó a acumular, hasta el 2006, 14 juicios penales y siete órdenes de prisión emitidas por jueces de Tungurahua, por pedido de la Fiscalía. Entre los procesos se lo acusaba de sedición, plagio y asesinato; por uno de estos juicios (plagio) estuvo preso en el penal García Moreno, de Quito, entre el 10 de septiembre y el 24 de noviembre del 2006.

El dirigente, posesionado como presidente nacional de esa agrupación por Pesántez, el pasado 27 de febrero, lidera uno de los grupos que defienden incondicionalmente al Fiscal General. “No van a poder tumbar al doctor Pesántez. De hecho, estamos y estaremos para respaldarlo hasta las últimas consecuencias”, advierte Vayas.

Ese apoyo también le dan los funcionarios de las fiscalías que visita, donde el prolongado discurso es el mismo. “Y seguiremos inaugurando más fiscalías; pronto estaremos en San Lorenzo, en Esmeraldas, y otras”, afirma Pesántez al finalizar su discurso de inauguración de la Fiscalía del Sur, donde recibe la ovación de sus dirigidos.