Los pedidos de nulidad y cuestionamientos al concurso de integración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aumentan desde sectores políticos y sociales.
El asambleísta Andrés Páez (ID) denunció la semana anterior las supuestas irregularidades en el proceso, en especial en la calificación al aspirante David Rosero, que tuvo vinculaciones con el MPD, al aceptar varios documentos y certificados entregados por organizaciones afines a esa tienda política, como la FEUE o la FESE, con las que el candidato recibió gran cantidad de puntos que lo llevó a ser el hombre mejor puntuado del proceso.
Publicidad
Además, demostró reparos al postulante Daniel González por presentar varios certificados firmados por la misma persona, vinculada a las fundaciones en las que trabajó y que sí fueron valorados.
“O el Consejo Nacional Electoral alcahuetea estas irregularidades o declara desierto el concurso; o recibe el aplauso del país o recibirá la condena permanente de todos los ecuatorianos”, señaló Páez.
Publicidad
Otro asambleísta que criticó esta selección fue Abdalá Bucaram Pulley (PRE), quien solicitó la nulidad del proceso por presuntas irregularidades en la elaboración de preguntas del examen.
A este pedido se sumó la Conaie, que en la asamblea de Ambato el sábado pasado desconoció el proceso de elección y designación de los miembros del Consejo, por ser inconstitucional y que no refleja el carácter plurinacional del Estado.
El presidente de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca, señaló que en este concurso no se tomó en cuenta las costumbres y estilos de vida de las nacionalidades y el trabajo comunitario que hacen los dirigentes.
La veedora Amparo Cevallos, en su informe, puntualizó que las preguntas no cumplieron con lo estipulado en el artículo 25 de la Ley de Consejo de Participación, que dice que los temas son solo de ética pública y control social, pues se elaboraron interrogantes de deportes e historia de la medicina.
En tanto, el consejero Fausto Camacho desestimó ayer las críticas al concurso y recordó que durante 30 días el CNE socializó el reglamento y que en ese periodo no recibió ninguna observación, por lo que no existe argumento para invalidarlo.