La ministra coordinadora de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, afirmó que el decreto de Emergencia del Patrimonio Cultural tendrá una segunda etapa. En ella se concluirán las obras que ya fueron iniciadas y se cubrirán provincias y parroquias a las que no se pudo llegar. Para el efecto, la Unidad Técnica de la Emergencia prioriza iniciativas y proyectos.
La propuesta económica del Ministerio Coordinador de Patrimonio es la asignación de unos $ 30 millones.
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Esa secretaría de Estado hizo el pasado jueves un balance de la aplicación del decreto emitido en diciembre del 2007 tras el robo de la Custodia de Riobamba. La recuperación de unos 100 inmuebles patrimoniales, entre iglesias, escuelas, hospitales, sedes administrativas, conventos, museos, ruinas arqueológicas y la colocación de sistemas de seguridad en iglesias, conventos, museos y bibliotecas, fueron –entre otras– las principales conclusiones.
Espinosa comentó –en una publicación sobre los resultados del decreto– que la situación en que se encontraba la herencia cultural ecuatoriana podría resumirse en “la destrucción, abandono y depredación de sitios y lugares, y la pérdida paulatina de la riqueza de nuestra diversidad cultural”.
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Para esta tarea se creó la Unidad de Gestión de Emergencia de Patrimonio Cultural, un programa de rescate del patrimonio con los siguientes componentes: dotación de seguridades a los bienes culturales que están en riesgo, creación de un Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales y campaña de concienciación ciudadana para valorar el patrimonio.
El Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales permitió, por ejemplo, registrar más de 80 mil bienes, entre patrimonio mueble, inmueble, arqueológico, documental (fotografía, cine, música), así como el patrimonio inmaterial (tradiciones, juegos populares, lenguas, gastronomía).
El Gobierno ya asignó 37 millones de dólares para esta primera tarea.