Las autoridades españolas frenaron el intento de una ciudad de negar el empadronamiento y derechos básicos a inmigrantes irregulares.
Josep Maria Vila d’Abadales, del partido nacionalista conservador, alcalde de Vic, pequeña ciudad de Cataluña con el 25% de extranjeros –el doble que la media española–, quería negarse a empadronar a los inmigrantes irregulares.
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En España, aunque la inmigración de carácter irregular está perseguida con la expulsión, las alcaldías están obligadas a tener un registro o padrón de todos sus habitantes, incluso los irregulares, para poder contabilizarlos, lo que a su vez da derecho a sanidad y educación públicos y gratuitos.
La Abogacía del Estado indicó el miércoles que “la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal procede con independencia de que los mismos tengan o no residencia legal en territorio español”, para lo cual basta presentar el pasaporte en un informe solicitado por el ayuntamiento de Vic.
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“El gobierno no va a consentir (...) que por un truco de un ayuntamiento haya familias que se queden sin asistencia sanitaria o sin que sus hijos puedan acudir a la escuela”, advirtió el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
Otra localidad, Torrejón de Ardoz, en la provincia de Madrid y gobernada por el conservador Partido Popular (PP), tampoco empadrona a los extranjeros que tengan visado de turista o cuya vivienda no cumpla una serie de condiciones, lo que fue denunciado ayer por el Defensor del Pueblo.
La Embajada de Ecuador en España expresó ayer su preocupación ante la propuesta del Ayuntamiento de Vic de impedir el registro de los extranjeros en situación irregular en España en el padrón municipal.
Ecuatorianos tranquilos
Sin embargo, en Vic los ecuatorianos están tranquilos. “Somos 1.180 que vivimos en la zona (casi el 3% de la población de Vic, que es de 39 mil habitantes), y la mayoría contamos con permisos de residencia y trabajo”, dice Carlos Ordóñez, presidente de la Asociación de Ecuatorianos en Vic.
Los ecuatorianos comenzaron a llegar a esa ciudad desde el año 2000 para trabajar en la industria cárnica, que es una de las piedras angulares de la economía de Vic.
“Desde un principio, las empresas fueron legalizándonos porque necesitaban mano de obra. Después, el gobierno de Rodríguez Zapatero propició el proceso extraordinario de regularización en el 2005, y prácticamente todos arreglamos nuestra situación legal”.
“Obviamente, hubo unos pocos, diría que el 10%, que no lo hicieron”, explica Ordóñez.
Al respecto, Elmer Sánchez, ecuatoriano que labora y reside en Vic, explica que el desempleo no ha golpeado tanto en la zona, con relación a lo acontecido en otros lugares de España. “La industria cárnica ha sufrido por la actual situación económica, pero no tanto como en otros sectores”, comenta.