Unos 400 judiciales no declararon sus bienes

La Contraloría investiga a entre 300 y 400 jueces, funcionarios y trabajadores judiciales de todos los niveles por incumplir con la obligación de presentar su declaración jurada de bienes, tal como lo determina la legislación vigente.

Según una lista que entregó el Consejo de la Judicatura al asambleísta Andrés Páez (ID), de la Comisión de Justicia, el 27 de noviembre pasado, los funcionarios que incumplieron con esa obligación alcanzaban la cifra de 714.

Según Páez, lo preocupante del caso fue que a esa fecha en la nómina estaban incluidos vocales del Consejo de la Judicatura y dos jueces de la Corte Nacional de Justicia: Gastón Ríos Vera y Rómulo Alonso Flores Heredia.

Más grave y sospechoso es –agregó el legislador– que los jueces y funcionarios de los juzgados penales sean quienes inobserven esta obligación, sin que las autoridades de la Judicatura vigilen su estricto cumplimiento.

No obstante, a partir de esa fecha hasta la actualidad la nómina fue depurada por la Dirección de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura, según su director, Marco Polo García, y con ello cumplieron el requisito las autoridades de la Corte Nacional y del Consejo.

De acuerdo con Polo, en la información que se entregó a la Asamblea hubo un error, debido a que los jueces y funcionarios entregaron su declaración de bienes, pero no cumplieron con la obligatoriedad de actualizarla en el plazo de los dos años que otorga la ley.

Además, Polo dijo que el requisito debió cumplirse hasta el 31 de diciembre pasado, pero como una excepción se otorgó un término adicional de 72 horas (días laborables), que termina hoy. A partir de este día, si los jueces y funcionarios de todos los niveles insisten en incumplir ese requisito, aseveró el vocal de la Judicatura, Max Ulpiano Salazar, a más de presumirse la existencia de un delito de enriquecimiento ilícito, podría ser una causal de remoción o destitución del cargo.

La exigencia de presentación de la declaración jurada de bienes, a juicio de Salazar, debería ser parte de una política general, que incluya a todas las instituciones del Estado y no solo a la Función Judicial o a la Asamblea Nacional.

Lo importante de cumplir ese requisito, dijo Salazar, es que la Contraloría General cumpla su tarea de constatar si hay o no irregularidades en la acumulación de bienes, y si el patrimonio declarado tiene proporcionalidad con la remuneración que perciben los jueces y funcionarios.

Al momento, sostuvo Páez, la lista de jueces y funcionarios judiciales que no observaron la ley, está bajo estudio de la Contraloría, que en los últimos días inició un examen especial.

Paralelamente a ello, dijo Páez, la Contraloría solicitó al Consejo de la Judicatura, certifique si 88 administradores de justicia y funcionarios presentaron su declaración de bienes. Para el efecto, adjuntó una nómina, en la que constan las judicaturas del país a la que pertenecen los jueces y los funcionarios.

Aunque en el Consejo lo niegan, otra de las preocupaciones, dijo Páez, es que existan funcionarios judiciales que se posesionaron sin presentar la declaración de bienes.