El Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) se declaró en emergencia institucional. Según la resolución administrativa firmada el 19 de noviembre pasado, la medida abarca a sus unidades provinciales desconcentradas.
En el documento de tres páginas firmado por Rosa Orellana, directora general de la institución, se justificó la declaratoria aduciendo que esa emergencia es “con el fin de ampliar las acciones y respuestas técnicas en materia financiera, administrativa, recursos humanos y jurídica”.
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El documento agrega que también se busca implementar todas las medidas necesarias para superar los efectos presentes o posteriores generados de la suspensión o retardo de los procesos que sostienen la garantía de derechos y el servicio que el INFA brinda a la niñez ecuatoriana”.
La desatención pudiera “generar una gran conmoción general”, dice el escrito.
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En este documento se establece además que se ejecutarán medidas correctivas necesarias frente al advenimiento del nuevo año fiscal. Estas incluyen reprogramaciones presupuestarias para atender y operativizar todas las acciones inherentes a esta emergencia.
A pesar de que en esta declaratoria se anuncia la movilización de los fondos que se encuentren disponibles en el presupuesto institucional para sostener los procesos y servicios que presta el INFA, las madres comunitarias reclaman por recursos económicos.
El miércoles pasado, delegadas de los centros de desarrollo infantil (CDI) de los barrios populares de Quito y del noroccidente de Pichincha acudieron a las instalaciones de la Dirección provincial del INFA.
Su reclamo se centró en que durante el cambio del anterior Innfa privado al público han sufrido desde febrero una serie de retrasos en los pagos para la alimentación de los niños y las bonificaciones para las madres comunitarias.
Aracely Pérez, madre comunitaria del CDI Niñas y Niños de Juanita, uno de los centros más grandes del Comité del Pueblo (norte de Quito), aseveró que ahora les pagan los $ 130 de su sueldo cada dos meses.
Este centro atiende a 250 niños y en protección escolar a 100. Aquí laboran 32 madres comunitarias. Por cada niño reciben $ 0,90 que se utilizan en las tres comidas diarias.
Verónica Mañay, del CDI Estrellitas del Mañana, comentó: “Así no podemos trabajar porque nos toca estar fiando por aquí y por allá. Los tenderos que son los que deben esperar por el pago no quieren darnos crédito por el retraso”.
“Ponen excusa que por el cambio del INFA de privado a público, pero ya vamos casi un año y no solucionan nada”, afirmó otra madre que no quiso identificarse.