El Ministerio de Educación pidió la renuncia a tres funcionarios de la Dirección Nacional de Servicios Educativos (Dinse), acusados de peculado por $ 1,7 millones.

Los empleados separados de la institución son la ex directora de Asesoría Jurídica, Julie Ordóñez; la ex secretaria del Comité Especial de Contrataciones y el ex director de Recursos Humanos, Manuel Buenaño.

Los cargos de los directores eran de libre remoción, mientras que la secretaria tenía un contrato hasta fin de año.

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El director de la Dinse, Édison Vallejo, manifestó que la separación fue una decisión administrativa del ministerio, mientras que Buenaño contó que era  una orden del titular de cartera, Raúl Vallejo.

El asambleísta Jorge Escala (MPD) denunció en la Fiscalía, el pasado 30 de septiembre, que familiares de los tres implicados se beneficiaron con once contratos de  la adecuación de instituciones educativas.

En el caso de Julie Ordóñez, su esposo, Luis Monreal, firmó cinco contratos por $ 847.334. Asimismo, el padre de Carmen Abarca, Marco Abarca, obtuvo cinco  por $ 756.114. Mientras que el hermano de Manuel Buenaño, Xavier Buenaño, firmó un contrato por $ 171.050.

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El asambleísta Escala se reunió el jueves pasado con el fiscal general del Estado, Washington Pesántez, a quien le pidió que tramite el impedimento de salida del país de los involucrados.

De su parte, Manuel Buenaño retó al legislador a presentar un documento que dé fe de su participación en la contratación de su hermano.

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“Yo me enteré del contrato mucho después. Ni supe que (mi hermano) ha tenido una obra”, manifestó Buenaño.

Según Édison Vallejo, los contratos fueron adjudicados por invitación directa luego de hacer un sorteo entre los contratistas registrados en la Dinse, antes de que entre en vigencia la Ley de Contratación Pública, y en el Instituto Nacional de Compras Públicas (Incop), después de la emisión de esa norma.