El capitán de navío Jaime Ayala, director nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea), indicó ayer que de las 1.133 camaroneras que tiene registrada la entidad solo 140 poseen sus documentos en regla.
Explicó que 690 tienen la matrícula caducada, mientras que 99 están por vencer en diciembre próximo.
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Añadió que el Estado concesiona los predios por un periodo de diez años, fecha que para la mayoría ya feneció y por lo cual deben renovar sus permisos de concesión y la matrícula que los acredita como operadores camaroneros. Estos documentos son entregados por la Subsecretaría de Acuacultura.
Los dueños cuyos predios tienen problemas con la documentación están publicados en la página web www.dirnea.org y deberán acercarse a solucionar su situación.
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En la página encontrarán el nombre del propietario, el número de acuerdo y de hectáreas, fecha en que fue emitida la matrícula o permiso y fecha en que caduca el mismo.
“Estamos informando a la Subsecretaría de Pesca para que revisen los informes enviados por la Dirnea e inicien las acciones correspondientes”, sostuvo Ayala.
Todas estas camaroneras fueron concesionadas antes de 1999, luego de esa fecha no se entregaron más permisos de funcionamiento y cualquiera que esté trabajando está ilegalmente constituida.
El costo que debe pagar cada propietario es de $ 20 por hectáreas, que en su total suman 34.046 a nivel nacional.
El artículo 94 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero señala que las concesiones terminarán por: vencimiento del plazo, por no pagar los derechos de ocupación, por la tala de manglares o incumplimiento de las obligaciones legales.
Producida cualquiera de esas causales, la Subsecretaría de Acuacultura iniciará un expediente administrativo en el cual, y previa notificación al concesionario, solicitará un informe a la Dirnea para que en quince días el interesado presente las pruebas de descargo.
Agregó que de comprobarse la causal de terminación se enviará el informe correspondiente a los subsecretarios respectivos para que expidan el acuerdo interministerial que declare terminada la concesión del o los predios con sus documentos caducados.