Los presidentes de las comisiones permanentes y ocasionales de la Asamblea Nacional acordaron, junto al titular de esa función, Fernando Cordero (PAIS), autoprorrogar el plazo de aprobación del paquete de leyes previsto en la primera transitoria de la Constitución, esto es 14 de octubre.

En un desayuno de trabajo con los legisladores, Cordero presentó un cronograma tentativo que se extiende hasta febrero del próximo año.

En este se incluyen las fechas previstas para el primero y segundo debates, el envío al Ejecutivo y hasta la publicación en el Registro Oficial.

Una de las decisiones que adoptaron ayer los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes y ocasionales, en un desayuno de trabajo con el titular de la legislatura, Fernando Cordero (PAIS), fue autoprorrogarse el plazo para aprobar las once leyes pendientes hasta febrero del 2010.

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El plato fuerte del desayuno que ofreció Cordero a los asambleístas fue un calendario  para la aprobación de las leyes emergentes, donde se establecen fechas límite para la presentación de los informes para primer y segundo debates.

Tras dos horas de diálogo, Cordero logró convencer a los legisladores de su tesis: “no importa el plazo establecido en la primera disposición transitoria de la Constitución (14 de octubre) sino que se debe garantizar al país un amplio debate”.

También pudo insertar entre los legisladores presentes, en su mayoría del oficialismo, su posición de que la Asamblea continuará tramitando las leyes más allá del 14 de octubre próximo, y que si algún ciudadano considera que se produjo una violación constitucional, puede acudir a presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

La sentencia que emita la Corte ampliaría el plazo y además no afectaría al texto de la ley que se apruebe.

A los pocos minutos de concluir el desayuno, la teoría de Cordero fue repetida por Marco Murillo (Amauta), quien preside la comisión ocasional de Cultura; este, además, señaló que el compromiso asumido ayer con Cordero es privilegiar el trabajo de las once leyes, observando los plazos que constan en la ley del Legislativo.

Si alguien quiere demandar procesos constitucionales, tiene todo el derecho, pero no tendrá efecto en los textos aprobados sino en la actuación de la Asamblea, afirmó.

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El presidente de la comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril (PAIS), comentó que es difícil cumplir con el plazo constitucional, pues hay leyes muy complejas que ameritan más tiempo para el debate y socialización. Su comisión hasta el momento ha aprobado ocho artículos de los 140 que contiene la ley de Agua.

César Montúfar (MCN) advirtió que por no cumplir con el plazo establecido en la Carta Política, la ciudadanía podría comenzar a cuestionar la constitucionalidad y legitimidad de las leyes que se aprueben.

 Lo deseable es que haya más tiempo para discutir las propuestas, pero el problema es que al haber aprobado estas leyes por fuera de la fecha determinada se crea un problema de inseguridad jurídica.

Luis Almeida (SP) conminó al presidente de la Asamblea a presentar su calendario tentativo de aprobación de las leyes ante el pleno para que resuelva la autoprórroga del plazo; y en caso de que haya un conflicto de interpretación, tiene que pronunciarse la Corte. Si no resuelve a tiempo, todas las leyes serían ilegales.