El proyecto de Ley de Comunicación del oficialismo, que fue presentado el martes por Rolando Panchana, no desarrolla algunos puntos polémicos de la práctica comunicacional.
Entre los derechos de los medios estipulados en el proyecto está solicitar y recibir información transparente y oportuna de las entidades públicas y privadas, pero no se mencionan los procedimientos, por lo que se aplicaría la actual Ley de Acceso a la Información.
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El artículo 18 de la Carta Magna establece la obligatoriedad de que las instituciones que manejen recursos públicos entreguen información, con las excepciones de ley. Mientras que en el proyecto se pone como restricción a lo determinado en el ordenamiento constitucional y en otras leyes.
En el caso de los medios públicos, se dispone un año, desde la aprobación de este cuerpo legal, como plazo para la aprobación de la ley que regule su ejercicio, pero en ese lapso de tiempo no se define cómo será su estructura administrativa.
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Así, Ecuador TV, Radio Pública, El Telégrafo e incluso los medios incautados al grupo Isaías que, según el proyecto, hasta la resolución de la situación jurídica continuarán bajo el control directo del Ejecutivo.
Panchana señaló que sí existe una regulación general para los tres tipos de medios (privados, públicos y comunitarios).
Otro aspecto que tampoco se clarifica en el proyecto es el tema de la publicidad estatal.
En propuestas como la de la Corape y el Foro de Comunicación se busca una distribución más equitativa en el acceso a la pauta publicitaria de los medios estatales, privados y públicos.
En tanto, las instituciones del Estado podrán transmitir a través de los medios cadenas de televisión o de radio informativas. Sin embargo, el Presidente de la República no tendrá limitaciones en el uso de los medios para la difusión de la información del Gobierno, ni en el tipo de contenidos.