Para tratar en detalle los delitos informáticos en el país, en la Fiscalía General se analiza la capacitación de personal y en la dependencia del Guayas, la creación de una unidad especializada.
Santiago Acurio, director nacional de Tecnologías de la Información de la Fiscalía General, manifiesta que desde finales del año pasado la entidad cuenta con un departamento de Investigación y Análisis Forense, como apoyo a los fiscales del país para la ciberdelincuencia.
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Asegura que también en el Ministerio Público se capacita sobre el uso de la evidencia digital en los procesos penales, para lo cual se creó el Manual de Manejo de Evidencias Digitales y Entornos Informáticos en su versión 2.0.
Por el momento, el departamento está conformado por tres personas.
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Acurio no especificó si la Fiscalía tiene peritos en delitos informáticos, pero enfatizó que esa entidad y la Policía Nacional tienen personal acreditado para estos casos.
“Se quiere hacer que estos peritos tengan una formación en informática forense, a fin de que todos los profesionales del área tengan un protocolo único de actuaciones... Se está conversando con universidades y escuelas politécnicas para desarrollar programas de cuarto nivel o de especialización en esta materia”, remarca.
A diferencia del Guayas, en la Fiscalía de Pichincha sí hay una Unidad de Delitos Informáticos, integrada por dos agentes. Estos se encargan principalmente de investigar los llamados baipases telefónicos, un método para contrabandear líneas de teléfono, informa el fiscal distrital Marco Freire.
Las estafas y demás delitos a través de la internet, añade, son indagados por los fiscales de las otras unidades, dependiendo del tipo de ilícito.
Mientras que en Guayas se estudia la creación de una unidad para los delitos relacionados a la informática y, con ello, la capacitación de los fiscales, dice el fiscal provincial Antonio Gagliardo.
Agrega que tener a funcionarios judiciales formados en estos delitos ayudaría incluso al presupuesto. “Hay casos en los que se contrata peritos particulares a los que se les paga de 100 a mil dólares por caso”, indica.
Al igual que la Fiscalía, la Policía está a la espera de un departamento similar. Por ahora realizan operativos para desmantelar bandas que se dedican a ello, como las que clonan tarjetas, asegura Gagliardo.
Representantes de los bancos de Guayaquil, de Machala, Territorial, Bolivariano y Pichincha fueron consultados respecto a la seguridad informática y las quejas de sus clientes, pero hasta el cierre de esta edición no se pronunciaron.
Textuales: Opinión
Antonio Gagliardo, fiscal provincial
“Los asambleístas deben actualizarse en estos delitos por las leyes”.