QUITO.- Las deficiencias en el sistema de control a los jueces bloquean un saneamiento de la corrupción que impera en la administración de justicia.
Ese es el criterio en el que coinciden el vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Max Ulpiano Salazar, y el legislador de PAIS Marcos Martínez, quienes compartieron su preocupación por esta situación, que da lugar al cometimiento de actos ilícitos.
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Este debate se reactivó luego de los fallos que absolvieron del delito de narcotráfico a Jorge Reyes Torres y de una resolución que liberó a los principales implicados en el caso Tormenta del Pacífico. Según Salazar, la lucha contra la corrupción es dura, tomando en cuenta que hay otras instancias paralelas al CJ que restituyen a funcionarios destituidos por faltas graves en la función de su cargo.
Estadísticas de ese organismo dan cuenta de que en los últimos tres años y medio los funcionarios destituidos llegaron a 375, cifra que demuestra el alto índice de anomalías que se cometen en la Función Judicial, integrada por 4.461 personas.
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En ese lapso, también ocho funcionarios fueron removidos, 123 suspendidos, 618 multados y 479 amonestados.
Por esas irregularidades, la Contraloría, en su informe del examen especial a los procesos de reclutamiento y selección de personal, efectuados por el antes Consejo Nacional de la Judicatura, entre julio del 2007 y abril del 2008, hizo observaciones a ese procedimiento.
Entre ellas, el haber concedido un plazo adicional al fijado en la convocatoria (7 de agosto del 2007) para que varios participantes presenten documentos nuevos o aclaratorios.
También que los veedores no fueron notificados para que participen como observadores en las diferentes etapas de los concursos de ministros, jueces y delegados distritales a fin de garantizar la transparencia del proceso.
Además, se aceptó impugnaciones fuera de plazo.
Paralelamente, la antes Corte Suprema nombró 89 ministros de Cortes Superiores y Tribunales Distritales, excluyendo a 30 postulantes que tuvieron mayores calificaciones, en relación a los nombrados.
Según Salazar, "hay un engranaje de corrupción que involucra no solo a la justicia, sino a la Fiscalía y a la administración pública". Tema que, a juicio del legislador Martínez, preocupa al 'Congresillo', que definirá qué comisión investigará casos de corrupción en la justicia, algo denunciado por el fiscal general, Washington Pesántez, quien considera urgente que se dé un proceso de reestructuración de las cortes.