Ecuador señaló ayer que analiza un fallo internacional que suspendió el embargo a 70% de la producción petrolera de la francesa Perenco, dispuesto por el Estado para cobrar una deuda en impuestos que no es reconocida por esta.
La Presidencia y la Procuraduría del Estado “analizan la situación a fin de definir una postura de país con el propósito final de precautelar los intereses del Estado y el cumplimiento de las leyes ecuatorianas”, dijo el Ministerio de Minas y Petróleos en un comunicado.
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“Dicha postura será dada a conocer en los próximos días; en total son 327 millones de dólares que adeuda Perenco al Estado”, agregó.
El Ministerio dijo que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) solicitó a Ecuador abstenerse de aplicar medidas como el embargo u otro tipo de acciones, mientras que la petrolera deberá depositar lo que adeuda.
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Según la Procuraduría ecuatoriana, el Ciadi dispuso “suspender la acción coactiva iniciada por Petroecuador y ordenar que Perenco deposite el valor correspondiente a los pagos pendientes (...) en una cuenta a ser administrada por un tercero independiente”.
Tras conocer del fallo, el martes pasado, Petroecuador había anunciado que no suspendería la subasta de 1,44 millones de barriles de crudo incautados a Perenco, la cual está convocada para mañana.
Hace unos dos años Ecuador fijó una repartición del 99% a su favor de las ganancias extraordinarias del crudo, tras la disparada del precio del crudo en el mercado internacional. Posteriormente dispuso una distribución igualitaria a cambio de que las empresas accedieran a suscribir contratos más favorables para el país.
Las petroleras –que rehúsan modificar sus contratos de explotación– comenzaron tras la medida a acumular una deuda por los nuevos impuestos a las ganancias extraordinarias.
Así, el 4 de marzo Ecuador embargó 70% de la producción de Perenco como parte del juicio que le sigue buscando cobrar la deuda en impuestos. La francesa extraía hasta marzo unos 25.600 barriles diarios, con un contrato que le dejaba al Estado 18% de la producción.